Defensa y Fiscalía presentarán sus alegatos finales después de la sesión del pasado jueves. La plataforma melillense reitera que el juicio es “ilegal” y anuncia nuevas iniciativas legales.
El proceso judicial contra el ciudadano belga de origen melillense Ali Aarrás se reanudó el pasado jueves, donde la Fiscalía y el juez interrogaron por última vez al acusado de pertenecer supuestamente al ‘Movimiento de los muyahidines del Magreb’ y su supuesta implicación con los atentados del 16 de mayo de 2003 en Casablanca, que causaron la muerte de 45 personas. El Tribunal de Salé emplazó a los letrados el próximo día 27 de octubre nuevamente para presentar los alegatos finales y, posteriormente, dar lectura de la sentencia.
Si es encontrado culpable, se arriesga a una pena máxima de 30 años de cárcel por los cargos anteriormente citados, de los que Aarrás negó cualquier tipo de vinculación con ese grupo terrorista.
Así también en la sesión judicial del pasado jueves Aarrás puso de manifiesto ante el tribunal, con ayuda de un intérprete árabe–francés, que las declaraciones que le tomaron los primeros días después de su extradición “se hicieron bajo torturas”, según explicó ayer el portavoz de la Plataforma melillense Pro Aarrás, Abderramán Benyahya.
Benyahya, que asistió al juicio en Salé, afirmó que la mayoría de las preguntas que el juez y el fiscal le formuló a Aarrás estaban basadas “en el sumario de la investigación que hizo el juez Baltasar Garzón”. Además, criticó el silencio del tribunal en cuanto al paradero del ciudadano belga durante casi once días desde que se extraditó desde España el pasado 14 de diciembre de 2010 y el primer registro policial de la llegada de Aarrás a Marruecos.
Otra de las “irregularidades” del proceso que puso de relieve el portavoz de la Plataforma melillense fue la negativa del tribunal marroquí de celebrar un careo entre Aarrás y el testigo que le inculpó junto con Mohamed El Bay, Abdelkader Belliraj.
Benyahya recordó que en la anterior sesión celebrada el pasado 15 de septiembre, la Fiscalía afirmó tener pruebas contra Aarrás, pero que, al tratarse de datos e informaciones relacionadas con la lucha antiterrorista, desvelarla iría en perjuicio de la seguridad nacional.
Por todos estos motivos, Benyahya afirmó que el proceso judicial marroquí contra el ciudadano belga, nacido en Melilla, es “ilegal”, ya que “le está juzgando dos veces por unos hechos que investigó y archivó el juez Garzón y se está violando el principio de especialidad porque se le está procesando por cargos diferentes a los que Marruecos alegó para ordenar su extradición”.
Reunión en Bélgica
Por otra parte, Benyahya informó de que el ministro de Asuntos Exteriores de Bélgica ha accedido a reunirse con los portavoces de la plataforma Pro Aarrás en ese país en el que le plantearán “¿por qué no han velado por los intereses de un ciudadano suyo?”, apuntó y añadió que este encuentro se ha visto apoyado por las firmas de 60 notables belgas así como los líderes sindicales.
Cabe destacar que al equipo de defensa del ciudadano belga, compuesto por tres abogados marroquíes, se le sumó el pasado jueves un letrado francés, Nicolás Cohen, además de los seis abogados que asisten a las sesiones judiciales procedentes de París y Bruselas. Por último, anunció que en la primera quincena de noviembre, sea cual sea el veredicto final, todos los abogados que están implicados en la defensa de Aarrás se reunirán en Melilla para, según dijo Benyahya, “decidir la estrategia legal y política a seguir”.
Otra denuncia ante el Comité Antitortura de la ONU
El abogado melillense que sigue la defensa de Ali Aarrás en España, Nayim Mohamed, informó ayer de la presentación de otra denuncia por torturas practicadas contra su defendido ante el Comité Antitortura de la ONU, el pasado 3 de octubre, ante el silencio de las autoridades judiciales marroquíes sobre la denuncia presentada contra la Fiscalía.
Mohamed informó de que se ha solicitado que este organismo investigue si hay indicios de esas torturas, sus consecuencias y sus responsables.
Además, se presentará otra denuncia a la Audiencia Nacional por las secuelas que se hayan derivado de esas torturas e instando al Gobierno de España a enviar una representación a Salé para evaluar el estado de salud de Aarrás, según explicó, argumentando que “la responsabilidad de España no debe terminar en el momento de la entrega” de Aarrás a Marruecos.
En este sentido, recordó que aún esperan una “respuesta contundente” del Comité de Derechos Humanos de la ONU sobre el hecho de que el Gobierno nacional se “saltara” la orden de este organismo de paralizar la extradición.
