La nueva "ley mordaza" acaba con las devoluciones en caliente a Marruecos

La nueva Ley de Seguridad Ciudadana, llamada popularmente 'ley mordaza', pactada entre el PSOE, Bildu y Sumar acabará en seis meses con las devoluciones en caliente a Maruecos. La norma consensuada por esos tres partidos políticos ha merecido el rechazo unánime de sindicatos de la Policía Nacional y asociaciones de la Guardia Civil.

Estos colectivos entienden que la reforma de la ley "desprotege" a los agentes y merma el principio de autoridad.

Entre las novedades de la nueva ley figura el fin del uso por las fuerzas de seguridad de las pelotas de goma; rebajará la penalización de la desobediencia y las faltas de respeto, que pasarán de ser infracción grave a leve, y terminará con las devoluciones en caliente en la frontera con Marruecos.

Ibón Domínguez, portavoz de Justicia Policial (JUPOL), ha mostrado su “absoluto rechazo y repulsa” a la modificación de la norma, que supone “la pérdida total del principio de autoridad” en los supuestos de desobediencia y faltas de respeto a los agentes.

Domínguez considera un “despropósito” la prohibición de utilizar pelotas de goma, ya que éstas sólo se utilizan en “manifestaciones violentas”, y ha advertido de un “incremento de lesiones” tanto de los manifestantes como de los policías porque “sólo se va a poder usar la defensa en el cuerpo a cuerpo”.

Al mismo tiempo, comenta que el fin de las devoluciones en caliente “afectará mucho a Ceuta y Melilla”, al limitar la actividad de los agentes cuando se produzcan saltos masivos.

Asimismo, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha subrayado que, lejos de reforzar el principio de autoridad, la modificación del texto contribuye a “favorecer las conductas contrarias a derecho despojando a los policías” de sus principales herramientas de trabajo.

“No se puede favorecer desde un texto legal la desobediencia y el atentado a los agentes de autoridad cuando lo que perseguimos es reforzar el castigo de estas conductas delictivas”, argumenta la organización en una nota de prensa, en la que pone de manifiesto que la reforma de ley “no ha contado con la colaboración” de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Sobre la prohibición de las pelotas de goma, recuerda que la restricción del uso de material antidisturbios “ya gozaba de una norma en cuanto a las situaciones, proporcionalidad y su correcto empleo”, por lo que ve en ella “un palo más en la rueda de la seguridad pública y el mantenimiento del orden” en situaciones de violencia en las calles.

En cuanto a las devoluciones en la frontera, el SUP señala que la Policía ya está sometida a marcos legales tanto nacionales como internacionales que contemplan los supuestos mencionados.

Por ello, anuncian que agotarán “todas las vías posibles” para que la reforma no salga adelante.

Por su parte, la Unión Federal de Policía (UFP) lamenta “la falta de apoyo y reconocimiento” y la “continua puesta en tela de juicio” de la labor policial, dos cuestiones que “debilitan” su capacidad para desempeñar sus funciones adecuadamente.

La organización reclama que “cualquier cambio” legislativo “se traduzca en mejoras reales” que aseguren la capacidad de los agentes para llevar a cabo su trabajo “con las máximas garantías jurídicas”, si bien no entra a valorar concretamente las medidas del acuerdo.

Y la Confederación Española de Policía (CEP) ha tildado la reforma como “el mayor ataque a la operatividad” de los agentes “en toda la democracia”, al incidir en que convertir en leve la infracción grave de desobediencia y faltas de respeto situará a los profesionales de la seguridad pública en un escenario de “desprotección y riesgos”, así como retirar las pelotas de goma.

Por el lado de la Guardia Civil, Jucil ha mostrado su “preocupación y rotundo rechazo” al pacto, que “pone en peligro la vida de los agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional al debilitar su capacidad de actuación frente a situaciones críticas”.

“Lo que el Gobierno está haciendo es desproteger a quienes día a día arriesgan sus vidas para garantizar la seguridad de los ciudadanos”, dice al respecto Agustín Leal, secretario de Comunicación de Jucil.

Sobre los aspectos concretos del texto, Leal aduce que convertir las infracciones por desobediencia y resistencia a la autoridad en faltas leves, así como eliminar las pelotas de goma en situaciones de alteración del orden público, es sinónimo de “desarmar a los guardias civiles” y pone en riesgo su integridad y la seguridad jurídica.

Por último, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha considerado “urgente” reforzar el principio de autoridad modificando el código penal para endurecer las penas por agresión a los agentes, que quedan “atados de pies y manos” tras el acuerdo entre el Gobierno y EH Bildu.