La Consejería de Medio Ambiente y Naturaleza ha reunido este miércoles, día 25 de septiembre, a la totalidad de los trabajadores del Servicio de Recursos Hídricos para comunicarles la decisión política de este Gobierno respecto a la privatización del servicio. Con la asistencia del consejero de Medio Ambiente y Naturaleza, Daniel Ventura, y del director general de Infraestructuras y Recursos Hídricos, Luis J. Mayor, fueron informados de la futura implantación de lo que llaman “el ciclo integral del agua”, que consistirá en privatizar el servicio de aguas potable con mucha celeridad, a primeros de 2025. Comunican que intentarán que sea una empresa mixta público-privada, pero que será Remesa quien se hará cargo del servicio hasta que elaboren los pliegos de condiciones. Con respecto a la plantilla, consideran que sería una buena opción elaborar una nueva RPT (relación de puestos de trabajo) en la que todas estas personas trabajadoras pasarían a ser inspectores del servicio para “inspeccionar, valorar y verificar” el trabajo de la empresa, con subida de puntos en la VPT (valoración de los puestos de trabajo), lo que supone una subida en sus remuneraciones.
Sin embargo, desde UGT critican que "tanto el consejero como el director general han debido de suponer que reunir al personal para anunciarles que van a ser inspectores bien remunerados iba a servir para hacerles tragar esta píldora sin taparse la nariz". "¿Desde cuándo una privatización puede ser considerada una mejora de lo público? Cuando en ciudades como Ceuta se están municipalizando servicios que habían sido privatizados, en Melilla vamos por el camino contrario", avisa el sindicato.
En cuanto a la competencia que tiene la Consejería de Medio Ambiente respecto a la plantilla, "esta es cero", aseguran sin dudar.
¿Ha negociado Medio Ambiente con la Consejería de Presidencia, Administración Pública e Igualdad ese cambio del que informa en las funciones de la plantilla y en sus remuneraciones o, por el contrario son palabras que se llevará el viento? Nos tememos que soplará el levante. ¿Por qué se atreven a dar por sentado modificaciones en las condiciones de trabajo sin informar a las organizaciones sindicales, que somos las legales representantes de la plantilla?", continúa la nota emitida por el sindicato.
Desde UGT Servicios Públicos Melilla temen que su único objetivo es privatizar el servicio, no cubrir las plazas de jubilaciones, desiertas desde hace años y no invertir en la modernización de las instalaciones.
