La Ciudad Autónoma no es la única que tiene problemas para el contrato de vigilancia privada de las instalaciones y dependencias municipales. El Ingesa se está encontrando también con dificultades para sacar adelante el concurso, según ha informado el presidente del Comité de Empresa de Sureste, José Raúl Siles.
Específicamente, en el contexto del nuevo pliego de condiciones de Ingesa, Sureste ha presentado un recurso impugnando el pliego de condiciones, dado que, tras realizar los cálculos pertinentes, se ha comprobado que el contrato, incluso incorporando el plus de residencia que se aplica en Melilla, no garantiza la viabilidad económica ni genera beneficios para las empresas adjudicatarias. Según afirma el representante sindical, esa situación ha llevado a que otras empresas del sector "estén retirando sus ofertas para este contrato".
Desde el Comité de Empresa, consideran que este problema debe ser abordado de manera urgente por el Tribunal de Recursos Contractuales, que ya tiene conocimiento del recurso presentado por Sureste Seguridad. Además, solicitan una revalorización adecuada del contrato de Ingesa, al igual que del correspondiente a la Ciudad Autónoma de Melilla. "De no corregirse estas deficiencias, nos encontramos ante un panorama en el que muchos puestos de trabajo están en riesgo, afectando gravemente a los vigilantes de seguridad que prestan sus servicios en Ingesa", asegura.
El motivo que esgrime el Comité de Empresa de Sureste para explicar este problema es que hay una inadecuada valoración económica de estos contratos. Ello provocaría, además, que las empresas que opten por continuar licitando bajo estas condiciones económicas que califican como "deficientes" recurran a recortes salariales para los trabajadores, "lo que impactarla negativamente en la seguridad y en la calidad del servicio prestado".
"Reiteramos nuestra firme postura en la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras del sector, exigiendo que se mantengan las condiciones laborales dignas y los salarios acordes a la legislación vigente. Apelamos a las autoridades competentes para que tomen las medidas necesarias que eviten la precarización del empleo en este sector tan esencial para la seguridad de la ciudadania", finaliza el Comité de Empresa.
