El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha pedido a las comunidades y a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla información sobre los retrasos en la valoración de personas con discapacidad tras las quejas recibidas por esta causa que se han triplicado en los últimos cinco años.
La institución ha constatado que los retrasos llegan a ser de hasta tres años en algunas regiones, cuando la nueva regulación establece un plazo máximo de seis meses para resolver las solicitudes de reconocimiento o revisión de la discapacidad, explica el Defensor.
Gabilondo ha iniciado actuaciones de oficio con los departamentos competentes de las comunidades autónomas y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla para recabar información sobre esas demoras.
En concreto, solicita el número de expedientes de reconocimiento o de revisión pendientes de resolver antes y después de la entrada en vigor de la nueva regulación y los medios materiales y humanos con los que se cuenta para realizar esta labor, así como las posibles medidas de choque implementadas o previstas.
La institución quiere también conocer los últimos datos sobre el plazo para la valoración, la resolución de los expedientes y las medidas de coordinación establecidas en cada consejería o departamento con los servicios encargados de la gestión de las pensiones no contributivas de invalidez.
Los expedientes de oficio ahora iniciados se unen a la actuación, también de oficio, abierta con el Principado de Asturias a finales de 2023.
