ESTE diecisiete de julio se ha cumplido el ochenta y ocho aniversario del inicio de la última de las guerras civiles españolas.
Organizada una sublevación militar contra el Estado republicano por mandos militares de los cuerpos del ejército colonial en Marruecos, alentada por los sectores mas reaccionarios del país, pagada por las grandes familias financieras de España, que aún se lo están cobrando, y apoyada internacionalmente por el eje nazi-fascista, la resistencia de la mayoría del pueblo español hizo que lo que estaba concebido como un rápido golpe de Estado se convirtiera en una larga guerra civil, que duró tres años.
La finalidad del golpe era acabar con un régimen democrático, que pretendía, entre otras cuestiones, terminar con una sociedad de privilegios seculares, avanzando en la modernidad. Prefirieron los golpistas arrasar España entera, antes que perder esos privilegios.
El nuevo Régimen dictatorial causó cientos de miles de muertos, de los cuales más de cien mil yacen aún en cunetas y fosas comunes. Provocó el exilio de cientos de miles de españoles, entre los que se encontraban los mejores de la Ciencia y la Cultura, trayendo esto a España un atraso aún mayor.
El nuevo Régimen acentuó el racismo contra gitanos, judíos, y cualquier minoría étnica, que existiera en España. La homofobia y el machismo eran señas de identidad del régimen. Se adoptó una religión oficial para el Estado, persiguiéndose en mayor o menor medida las demás religiones. Y fueron fundamento del Estado franquista la violencia y el robo; violencia contra todo lo que se le opusiera y robo del Dictador y su corte. Cuarenta y siete años después de darse por concluida la Dictadura la Abogacía del Estado continúa reclamando ante la Justicia, a los herederos del Dictador, los bienes públicos expoliados por éste.
Dos leyes han venido a dar respuesta a las secuelas, que aún persisten de aquel Régimen dictatorial, la Ley de la Memoria Histórica, 52/2007 de 26 de Diciembre, y la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática. Estas leyes están siendo cuestionadas por legisladores de Comunidades Autónomas, legisladores herederos de la Dictadura, que pretenden dejarlas sin efecto con sus normas autonómicas, igualando a víctimas y verdugos. Con ello se acredita que el trabajo por la Memoria democrática continúa.
