El partido insiste en que la reforma del Ejecutivo restringe derechos a los diputados así como a la ciudadanía.
Definitivamente la reforma del Reglamento de la Asamblea se está convirtiendo en el primer asunto de enfrentamiento entre el Gobierno local y la oposición, en este caso encarnada en Populares en Libertad (PPL), pues sigue generando debate a expensas de lo que el resto de partidos con representación en la Cámara puedan decir en los próximos días.
Así, desde PPL afirman que presentarán su propio borrador de Reglamento de la Asamblea debido a que el actual presentado por el Gobierno estaría vulnernado derechos de los grupos políticos, según señaló el portavoz de PPL, Julio Liarte.
De este modo, Liarte comentó que el Reglamento que presentarán en breve pretende intentar fijar unas reglas de juego democráticas estables con el fin de que no haya que volver a reformar la norma dentro de poco tiempo y en segundo lugar, su propuesta se basa en el respeto a los diputados electos en función de lo dispuesto en la legislación de régimen local.
“Entendemos que hay que aunar fuerzas en un momento de crisis y ello exige consenso”, afirmó Liarte, dando a entender que éste, el consenso, es fundamental para aprobar la nueva norma “para que no se convierta en un instrumento de rodillo”.
Críticas a la reforma
Liarte comentó que Melilla no es una Comunidad Autónoma y por tanto está sometida en cierto modo a la legislación básica de régimen local, aspecto que le sirvió para afirmar que la nueva norma presentada por el Ejecutivo no puede poner a los diputados de la Asamblea en peor lugar que los concejales.
En cualquier caso, matizó que el objetivo del PPL es avanzar en una sociedad “democrática y transparente” y recordó que uno de los defectos de la norma presentada por el Gobierno local es precisamente el hecho de que afecte al derecho de participación política de los diputados al reducir, en su opinión, el derecho de información.
El portavoz del PPL comentó que si la reforma de estos artículos se lleva a cabo finalmente, se restringirá la labor fiscalizadora de la oposición al Ejecutivo, una de las piedras angulares de un sistema democrático.
Liarte matizó algo más sus críticas al hablar de algunos casos concretos como por ejemplo la posible suspensión de un diputado en sus funciones como una sanción.
Sobre este asunto recordó que cualquier régimen sancionador debe estar especificado en una ley, no un reglamento, pues de lo contrario se estaría produciendo una extralimitación del principio de legalidad en una materia sancionadora.
Objeto de la reforma
En otro orden de cosas, también hizo mención al objeto de la reforma, pues en opinión de Liarte, ésta se plantea en base “a las conveniencias políticas del Gobierno”. “Es por tanto un retroceso democrático en Melilla”, comentó.
Junto a ello, también especi ficó otros aspectos relativos al control que la oposición podrá hacer sobre el Gobierno, en particular en lo que respecta a la convocatoria de las Comisiones.
Así, en la nueva norma, éstas se convocarán con 48 horas de antelación y no las 78 anteriores. Liarte comentó que también se elimina la posibilidad de que un grupo político pueda solicitar la presencia en comisión de un empleado público para recibir asesoramiento.
Además, recordó que las preguntas en los plenos de control deberán ser presentadas con cinco días de antelación, con lo cual se estaría impidiendo a los partidos presentar cuestiones de última hora que estimen importantes.
Liarte también recordó que se elimina la posibilidad de admitir preguntas al Gobierno sobre temas que no sean propios de la Asamblea.
Por último, hizo mención a la restricción del derecho de participación previsto en la Ley de Bases de Régimen Local, un derecho que ha sido defendido por parte de UPyD “y que nosotros queremos que esté en el reglamento”. Liarte comentó que desde su formación política no pueden aceptar esta reforma de la norma de funcionamiento de la Asamblea y en breve presentarán su alternativa.
