Devolver a Ceuta y Melilla el antiguo sistema de bonificación de las cuotas patronales a la Seguridad Social en un 50% sin duda es una cuestión de voluntad política del Gobierno de Sánchez. Los empresarios ceutíes no descubren nada nuevo con esa afirmación después de haber asistido estos días en Madrid a la reunión que ha mantenido la Junta Directiva de la CEOE que preside Garamendi. La responsable de la patronal de la ciudad hermana, Arantxa Campos, también estuvo en el Comité Ejecutivo y en la Junta Directiva de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME).
Campos también tuvo la oportunidad de hablar con el representante de la CEOE en la Comisión de Relaciones con las Cortes, si bien de ese contacto no ha trascendido prácticamente nada más allá de que se trató la proposición de ley sobre las bonificaciones que el grupo popular presentó y aprobó con su mayoría absoluta en el Senado, y ahora pendiente de su tramitación en el Congreso de los Diputados, donde el grupo socialista no hace sino retrasar sine die su debate solicitando prórrogas una tras otra del período de enmiendas, tal como ha venido informando en las últimas semanas la diputada del PP por Melilla, Sofía Acedo.
Mientras la proposición de ley sigue bloqueada en el Congreso, el Gobierno del PSOE sigue sin cumplir su promesa de volver al sistema anterior de la bonificación. Y en medio de todo este desaguisado, las economías de las dos ciudades autónomas sufren las consecuencias de haber perdido uno de sus más importantes atractivos para la creación de empleo y las contrataciones de personal. Se derogó la norma porque sí, porque así lo decidió sin más el Ejecutivo de Sánchez sin dar más explicaciones y por supuesto con el aplauso cómplice de los socialistas locales, más leales a cualquier fechoría que perpetre contra la ciudad el presidente español que a los intereses legítimos de los melillenses.
No se puede olvidar que la bonificación del 50% de la Seguridad llevaba aplicándose con éxito desde hacía casi 20 años y nunca se ha podido comprender por qué se eliminó y se buscó otro mecanismo que en nada beneficia a la economía local ni al empleo. Los argumentos relacionados con directrices de la Unión Europea o la necesidad de dar estabilidad a los puestos de trabajo suenan muy forzados, muy falsos, muy de salir del paso.
Es lo mismo que sucede cuando se habla de la reapertura de la aduana o de la reciprocidad en el régimen de viajeros con Marruecos. Siempre se está trabajando, siempre se va en la buena dirección para que suceda, pero nunca se concreta nada. Es más, acabar con la joya de la corona del régimen fiscal melillense, como es ese 50% de la Seguridad Social, favorece más al interés marroquí de asfixiar a Melilla económicamente que a cualquier otra circunstancia, pero se sigue en eso de estudiar y estudiar la propuesta, aunque sin fecha de conclusión y puesta en vigor.
El Gobierno de Sánchez, rehén de su propia debilidad parlamentaria, sigue mirando a otro lado. Desde noviembre pasado, cuando el PSOE asumió la responsabilidad de estar al frente de España junto con Sumar y la pléyabe de independentistas y filoetarras varios, apenas si se han aprobado leyes e incluso se ha decidido no presentar presupuestos. Sánchez sabe que cada paso que dé necesita el visto bueno y las contrapartidas que exigirán sus socios y, en consecuencia, opta por no legislar.
