Los incondicionales de CpM tuvieron ayer un momento de gran celebración cuando su líder carismático, Mustafa Aberchán, apareció por la puerta de la sala de llegadas de la terminal del aeropuerto melillense. Decenas de personas, banderolas del partido en mano, dieron su bienvenida al presidente cepemista mientras coreaban su nombre, daban vivas e incluso organizaron una batucada que pusiera la nota musical en el recibimiento. Hubo besos, apretones de mano, abrazos y lágrimas en un remedo a lo grande de lo que sucedió el pasado martes cuando abandonaron el centro penitenciario los exconsejeros Hassan Mohatar, Rachid Bussian y Dunia Almansouri.
Ya están en libertad todos los miembros de CpM que tuvieron responsabilidades de Gobierno en la anterior legislatura, además del propio Aberchán. Han estado 71 días privados de libertad porque la juez, en un polémico auto, consideró que había riesgo de fuga, además de la posibilidad de que se destruyeran pruebas importantes para la investigación. Superados ambos argumentos, llega el decreto por el que vuelven a estar en la calle, si bien tienen la prohibición expresa de salir del territorio español, deberán entregar en cinco días sus respectivos pasaportes y también cumplir con la obligación de pasar dos veces al mes por el Juzgado.
Mientras, la juez instructora de la operación Santiago-Rusadir continúa su trabajo en esta macrocausa que se divide, según diversas fuentes, en tres piezas separadas. El sumario que ya ha visto la luz tras estar secreto por espacio de un año habla de que estos investigados están acusados de presuntos delitos muy graves: organización criminal, malversación de fondos, fraude en la contratación pública, cohecho, prevaricación, tráfico de influencias y falsedad documental.
Los atestados policiales recogidos en el citado sumario recogen la posibilidad de que CpM hubiera constituido una trama dirigida a utilizar fondos públicos para la compra de votos por correo en las elecciones municipales y autonómicas de 2023. Para ello, siempre según el sumario, los entonces consejeros cepemistas habrían utilizado el sistema de las contrataciones menores que, repartidas entre empresarios afines a la organización, financiaran la manipulación de las elecciones para conseguir una mayoría absoluta.
La Fiscalía Anticorrupción está encargada de llevar a cabo las acusaciones contra los cepemistas después de que en mayo de 2023 el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortíz, decidiera que sería esa la instancia adecuada para investigar esos presuntos delitos tras un atestado de la Policía Nacional que puso en conocimiento del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Melilla “la existencia de sólidos indicios de la compra de votos con vistas a las elecciones”, una “operación delictiva” que dio comienzo el 4 de abril con la convocatoria de los comicios.
Por el citado Juzgado, según consta en el auto de libertad dictado por la juez, han pasado nada menos que 54 detenidos a los que se ha tomado declaración en calidad de investigados y la causa cuenta con cinco testigos, que igualmente ya han hablado con la magistrada.
Se investigan más de 350 contratos menores por un importe superior a los 7,8 millones de euros. Con ese dinero, según el sumario, se habrían pagado no solo votos correspondientes a las elecciones de 2023, sino también se habría devuelto el dinero que se había prestado al partido para sufragar la compra de papeletas en 2019, cuando CpM aumentó su representación en la Asamblea hasta los ocho diputados y se convirtió, además, en el principal partido del Gobierno que compartía con el PSOE.
