El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Sanidad, ha autorizado la distribución de 256.890 euros para salud mental a Melilla y Ceuta, a través del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa). En total, las comunidades y ciudades autónomas recibirán una inversión de 38,5 millones de euros para actuaciones en esta materia, previa aprobación en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).
Estos fondos dan continuidad a los aprobados el año pasado dentro del Plan de Acción de Salud Mental 2022-2024, que es la herramienta que facilita la implantación en el SNS de las recomendaciones que se hacen en la Estrategia de Salud Mental 2022-2026.
El objetivo de dicho Plan de Acción es contribuir a la mejora de la salud mental de la población mediante el desarrollo de acciones priorizadas de la Estrategia de Salud Mental 2022-2026 en todos los ámbitos del SNS, de forma que permita afrontar los efectos en la salud mental de la crisis sanitaria y social generada por la pandemia de covid-19.
Las acciones a desarrollar por el Plan de Acción se presentan a través de seis líneas estratégicas y han sido consensuadas con las comunidades autónomas y sometidas al CISNS para la aprobación de su financiación.
Los fondos autorizados se van a distribuir a todas las comunidades autónomas (excepto País Vasco y Comunidad Foral de Navarra) y el Ingesa en un 5% de manera lineal, aplicando un importe mínimo a cada territorio; y un 95% distribuido por criterios poblacionales.
Carreteras
Por otra parte, se ha autorizado al Ministerio de Transportes a licitar por 109,5 millones de euros cuatro contratos de conservación y explotación de la red carreteras del Estado en las provincias de Burgos, A Coruña, Badajoz y en Cantabria.
Según ha informado el departamento que dirige Óscar Puente, en total se actuará sobre 712 kilómetros de carreteras, de los que 215 son de autovía, mediante unos contratos que tienen una duración inicial de tres años, con posibilidad de prórroga por otros dos años y una adicional de nueve meses, salvo el de Burgos que es inicialmente de dos años con posible prórroga de tres y otra adicional de nueve meses.
Los trabajos consistirán en la vigilancia y atención de accidentes, vialidad invernal, control de túneles y comunicaciones o el mantenimiento de instalaciones, además de contratos específicos de rehabilitación y mejora de firmes y señalización y obras necesarias para mejorar la funcionalidad de la vía en determinadas carreteras.
