A nadie se le escapa que la planta desaladora es nuestra principal fuente de suministro de agua potable en Melilla. Estamos hablando de unas instalaciones absolutamente estratégicas para la ciudad que deben tener un cuidado exquisito y un funcionamiento perfecto para que no nos quedemos desabastecidos de un elemento tan esencial para el día a día de todos los ciudadanos.
Por eso resulta muy preocupante ver cómo la Ciudad Autónoma y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), que es tanto como decir el Ministerio de Transición Ecológica, se tiran los trastos a la cabeza a costa de quién es competente en el mantenimiento de la planta, que, por cierto, deja muchísimo que desear a juzgar por las palabras del consejero de Medio Ambiente, Daniel Ventura, y las imágenes que ofreció mediante las correspondientes fotografías.
El caso es que la Ciudad Autónoma fue obligada por la CHG a asumir la explotación de las instalaciones y ya hubo un primer desencuentro porque ese proceso debía realizarse en diciembre pero el Gobierno autonómico se negó en rotundo aludiendo a que el acoplamiento del cuarto módulo no estaba en condiciones. De hecho, la entrega de la planta se pospuso hasta el 6 de marzo pasado, después de que, efectivamente, ese refuerzo técnico funcionaba a pleno rendimiento.
El problema es que la planta ha tenido un mantenimiento pésimo en todos estos años y ahora surgen problemas lógicos de aquello que no se ha cuidado debidamente. Los desperfectos que se han encontrado son de tal magnitud que la nueva empresa que gestiona la desaladora, Sacyr, cifra en 5 millones los arreglos que necesita para que esté a punto.
La pregunta ahora es: ¿quién tiene que pagar ese dinero? ¿La Ciudad Autónoma o la CHG-Ministerio? En Madrid dicen que es cosa de Melilla y el consejero de Medio Ambiente niega que sea responsabilidad del Gobierno local tener que gastar semejante cantidad de dinero para poner a punto unas instalaciones que eran explotadas por la CHG hasta marzo pasado. El conflicto, evidentemente, está servido. Se espera que para el 23 de este mes de mayo se mantenga una reunión entre ambas partes para solucionar este entuerto y será el momento de comprobar si el Estado está dispuesto a poner el dinero sobre la mesa dentro de ese compromiso que el Ejecutivo de Sánchez siempre dice que tiene con Melilla.
Y mientras se dilucida esta cuestión, lo cierto es que los melillenses seguimos esperando que se cumplan los compromisos de que habrá agua 24 horas y de calidad en nuestro grifos. Antes de las elecciones municipales y autonómicas de 2023, el presidente de CpM, Mustafa Aberchán, actualmente en prisión por cuestiones de presuntas corruptelas, aseguraba que su consejero de Medio Ambiente, Hassan Mohatar, también privado de libertad de forma provisional por los mismos motivos, iba a ser el que diera el agua a los ciudadanos tal y como éstos reclamaban.
Ya más recientemente fue el entonces consejero de Medio Ambiente, Manuel Ángel Quevedo, quien dijo que habría agua de calidad en octubre pasado, según le habían asegurado precisamente desde la CHG. Estamos casi a mediados de mayo y el agua no sólo sigue siendo mala para beber sino que, además, en las últimas semanas hemos asistidos a numerosos cortes de suministros, si bien es verdad que algunos de los motivos de los cortes nada tenían que ver con la desaladora sino con el estado de la red de distribución.
En definitiva, el agua sigue siendo la gran asignatura pendiente de todos los gobiernos que pasan por la Ciudad Autónoma mientras los ciudadanos sufren en demasiadas ocasiones las consecuencias de no poder disponer de una sola gota y sin aviso previo para poderse organizar.
