La consejera de Hacienda, Empleo y Comercio del Gobierno de Melilla durante la anterior legislatura, Dunia Almansouri, ha solicitado la nulidad de actuaciones en la operación Santiago-Rusadir alegando que los atestados policiales en los que se basó la autoridad judicial para su ingreso en prisión contiene “información radicalmente falsa”.
El escrito ha sido presentado ante la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Málaga con sede permanente en Melilla después de que este tribunal rechazara su recurso de apelación al auto de prisión dictado el pasado 5 de marzo, hace casi dos meses, por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Melilla.
En el incidente excepcional de nulidad de actuaciones, el abogado de la exconsejera de Coalición por Melilla (CpM), Rachid Mohamed, asegura que ninguno de los cuatro contratos sobre los que se fundamenta la decisión judicial de mantenerla en prisión provisional fueron adjudicados por ella.
Según el letrado, tanto el Juzgado de Instrucción número 2 como la Audiencia Provincial, a la hora de rechazar el recurso de apelación, “han tomado como verdad apodíctica el contenido de los atestados policiales, resultando ahora que [...] la información incorporada resulta radicalmente falsa” en lo relativo a Almansouri.
Se refiere a los cuatro expedientes de contratación reflejados en el auto de prisión de Almansouri, adjudicados durante la época en que fue responsable de la Consejería de Distritos, tanto al principio de la legislatura, durante unos meses antes de asumir la Consejería de Hacienda, como al final de ésta, tras la detención del exconsejero de Distritos, Mohamed Ahmed, durante la campaña electoral.
Sin embargo, de los cuatro expedientes en los que se atribuye a Almansouri una participación directa, penalmente relevante, el primero de ellos no existe, según ha certificado la Secretaría Técnica de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Melilla, y los otros tres no fueron adjudicados por la exconsejera ni fueron abonados.
“Dunia Almansouri no ha adjudicado ni participado en adjudicación de ningún contrato, y eso no es algo controvertido, pues consta fáctica, y jurídicamente acreditado”, insiste el abogado, que cree que la información policial “adolece no solo de parcialidad e incluso falsedad, sino de lo que se pueden considerar errores jurídicos graves.
Asimismo, rebate otra afirmación recogida en los atestados policiales respecto a que, si se acredita que la exconsejera no participó directamente en la adjudicación de los contratos, “su intervención criminal habría consistido en la falta de fiscalización de la Ciudad Autónoma por parte del Interventor General, quien actuaría bajo su dependencia”.
Sin embargo, el abogado de la exconsejera recalca en su escrito ante la Audiencia Provincial que la Intervención General es un órgano independiente, sin que tampoco obre en autos que Almansouri le hiciera algún tipo de indicación en su funcionamiento.
El letrado lamenta en su escrito ante la Audiencia Provincial que la negativa a la celebración de la vista le ha impedido defender estos argumentos, que no pudo alegar en su recurso de apelación, presentado antes del levantamiento parcial del secreto de sumario de la operación Santiago-Rusadir.
Todo ello ha dado lugar, según Rachid Mohamed, a una “flagrante vulneración de los derechos de defensa y a la tutela judicial efectiva” de Dunia Almansouri.
Asimismo, insiste en que no hay riesgo de alteración o destrucción de pruebas para mantenerla en prisión provisional y considera “palmaria” la “falta de imparcialidad” de la jueza encargada de este caso porque “su auto de prisión provisional se ha cimentado sobre hechos y calificaciones radicalmente distintos de los manifestados en el artículo 505 LECrim”.
Almansouri está en prisión provisional, al igual que otros tres exconsejeros de CpM y el presidente de la formación política, Mustafa Aberchán, desde su detención hace casi dos meses en el marco de la operación Santiago-Rusadir, que investiga delitos relacionados con la corrupción en el Gobierno que CpM compartía en la pasada legislatura con el PSOE y Eduardo de Castro (expulsado de Cs).
Según el auto de prisión decretado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Melilla, los cinco dirigentes cepemistas están siendo investigados por su presunta implicación en delitos de pertenencia a organización criminal, fraude en la contratación, malversación de caudales públicos y prevaricación.
Entre barrotes todos somos inocentes