Navarro señala que así tiene la misma consideración legal que el resto de prestaciones.
Comisiones Obreras (CCOO) valoró en la jornada de ayer los avances derivados de la inclusión parcial de las enmiendas que promovió el sindicato en la tramitación en el Congreso de la Ley de la Jurisdicción Social, a la hora de establecer ésta como competente para dirimir los posibles conflictos en la aplicación de la Ley de Dependencia.
La Comisión de Justicia del Congreso ha rectificado el informe inicial de la ponencia y ha incluido en el Proyecto de Ley finalmente remitido al Senado, y que publicó ayer el Boletín de las Cortes Generales, que dentro de la jurisdicción de lo social entrarán “las cuestiones litigiosas relativas a la valoración, reconocimiento y calificación del grado de discapacidad, así como sobre las prestaciones derivadas de la Ley de Dependencia”.
“Se trata sin duda de un avance muy importante que ha venido siendo reclamado entre otros por CCOO y que es justo resaltar ya que con ello se está reconociendo que el derecho a la protección de la dependencia encuentra la misma consideración legal que el resto de prestaciones del sistema público de protección social tales como las pensiones, el desempleo o las prestaciones sanitarias”, aseveraron desde el sindicato en nota de prensa.
No obstante, a juicio de CCOO no debe escapar el detalle de que el Proyecto de Ley mantenga una limitación muy grave respecto de la entrada en vigor de esta medida. Según Caridad Navarro, secretaria general de CCOO de Melilla, “no es de recibo que la aplicación práctica de lo regulado en la ley esté condicionada a la aprobación de una ley adicional dentro de tres años”, como establece la Disposición final séptima del Proyecto de Ley remitido al Senado.
Este requisito adicional para garantizar la entrada en vigor resulta, en opinión de la dirigente de CCOO, “de una clara inseguridad jurídica”, por lo que el sindicato mantendrá su propuesta de que se corrija en el Senado esta circunstancia y se garantice la entrada en vigor de la norma en un plazo razonable y cierto.
Ante los argumentos esgrimidos por algunas partes para justificar esta moratoria en un posible colapso de los juzgados de lo social por una alta litigiosidad en la dependencia, Navarro defendió que “ sólo una de cada diez personas que han solicitado atención han sido dictaminadas sin derecho a ello”.
