Sel-Lam pide al CGPJ que investigue si hay trato discriminatorio en el Juzgado de Instrucción número 2 de Melilla a los dirigentes de CpM

La dirigente de Coalición por Melilla (CpM) Yonaida Sel-Lam presentó, el viernes, a través de su abogado, una queja al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por cómo está llevando el juzgado de Instrucción número 2 de Melilla, en el marco de la operación Santiago-Rusadir, el caso de supuesta corrupción del partido, por el cual varios dirigentes como Mustafa Aberchán, Dunia Almansouri, Hassan Mohatar, Rachid Bussian y Mohamed Ahmed Al-Lal se encuentran en prisión preventiva.

En el caso, se están investigando que investiga graves delitos de organización criminal, prevaricación administrativa, falsedad documental, fraude en la contratación pública, tráfico de influencias y malversación de fondos cuando CpM formaba parte del anterior Gobierno local.

Lo que pide Sel-Lam en su escrito es “que se realice una inspección del CGPJ al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Melilla, especialmente en los procedimientos en los que se decreta prisión provisional, por si hubiera un reiterado trato discriminatorio por razón de etnia y que se apliquen las medidas que dicho Consejo considere para subsanar esta circunstancia”.

En su exposición de motivos, el abogado de Sel-Lam lamenta que “sólo se ha decretado el ingreso en prisión de investigados españoles de origen amazigh”, por lo que considera que la interpretación de la ley está “basada en una suposición de origen étnico o religioso y no en una realidad”, en referencia a que pudieran escapar a Marruecos. Además, recuerda que, aun cuando pudieran disponer estas personas de pasaporte marroquí, “son españoles de origen y viven en España” y que no consiste en que simplemente tengan arraigo.

La “suposición” de que pudieran tener otras nacionalidades se basa, pues, según Sel-Lam y su abogado, en el apellido exclusivamente. En su opinión, se está vulnerando el artículo 14 del Tratado de la Unión Europea, “al haber una clara discriminación por razón de raza en las resoluciones de este órgano jurisdiccional”, y el artículo 24 del mismo texto, “puesto que la población española de origen amzaigh podría estar siendo discriminada”. Por lo tanto, en el texto explican que no se entiende “que la población española de origen amazigh melillense tiene unas posibilidades infinitamente mayores de que se le apliquen medidas cautelares de prisión provisional que a otros españoles de otras etnias o religiones”.

Por lo tanto, y en conclusión, consideran que este tipo de autos de prisión, “presuponiendo orígenes no acreditados, aludiendo a que lo normal es que sean marroquíes, supone un riesgo para la población española amazigh de Melilla generalizando orígenes y haciéndoles acreedores de una nacionalidad sólo por el apellido”. Con ello, aseguran que lo que se está haciendo es aplicarles “una suerte de derecho penal específico basado en unos supuestos orígenes y en suposiciones y no en hechos objetivos”.

Trato "injusto"

En similares términos se ha pronunciado el diputado del partido en la Asamblea Emilio Guerra, para quien “la justificación argumental de la prisión provisional, así como la respuesta a los recursos contiene errores y puede sentar precedentes para el 60% de la población melillense que es de origen rifeño o imazigen, algo que comparte el sentir general de las defensas y diferentes opiniones de juristas externos consultados”.

En su opinión, más de 15 días con sus compañeros privados de libertad “son una prolongación absolutamente excesiva que es difícil de sostener”. Guerra opina que “han sido tratados injusta y desproporcionadamente” y, aunque está convencido de su inocencia, “el daño que se les está causando a ellos y sus familias es tan innecesario como irreparable”.

“Espero que pronto, con el funcionamiento normal de la Justicia y las garantías que la Constitución de 1978 establece para todos los españoles sin excepción, pongan en libertad a nuestros compañeros; españoles, melillenses, padres y madres de familia que están soportando y sufriendo un escarnio público indignante, además de un castigo físico y moral que no merecen”, prosigue Guerra.

El diputado local apunta también que el funcionamiento normal de la Asamblea ha sido 2alterado” y lamenta que “en Melilla carecemos de las figuras jurídicas que aseguran y garantizan su independencia e integridad ante la posible injerencia de otros poderes”.

La Ciudad no se pronuncia

Por su parte, y en respuesta a preguntas de los medios respecto a esta cuestión, la portavoz del Gobierno local, Fadela Mohatar, aseguró que el Ejecutivo no se referirá a las actuaciones judiciales ni de la defensa en este caso. "No nos corresponde a nosotros hacerlas en el momento en el que estamos en las instituciones de la Ciudad Autónoma", dijo.

A pesar de que Mohatar insistió en mostrar la preocupación de la Ciudad sobre la situación, la portavoz afirmó que el Gobierno no entrará en ninguna de las disquisiciones judiciales que se desarrollen en torno a la operación Santiago-Rusadir.