El Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción número 2 de Melilla, que investiga los presuntos delitos de corrupción que implica a destacados miembros de CpM, todavía no ha informado formalmente a la Asamblea local sobre la situación procesal de los dos actuales diputados cepemistas que están en la cárcel, concretamente Dunia Almansouri y Rachid Bussian, este último vicepresidente segundo de la Mesa.
La portavoz del Gobierno, Fadela Mohatar, confirmó que no se ha recibido escrito alguno en ese sentido a pesar de que el órgano rector de la Asamblea pidió al Juzgado que le informara con el fin de poder ejecutar lo establecido en el Reglamento Orgánico para los supuestos que protagonizan los diputados de CpM ya mencionados.
Fuentes de la Asamblea informaron hace una semana de que la única información de la que dispone la Cámara es lo publicado en los medios de comunicación y de ahí que se dirigiera por escrito al juzgado para tener conocimiento oficial y poder obrar en consecuencia con la aplicación del Reglamento.
Fadela Mohatar, como responsable del área del Mayor, comentó, asimismo, que hace tiempo que el juzgado viene solicitando documentos dentro de sus labores de instrucción que, además, comenzó hace casi un año ya. Y no solo se pidieron datos a este departamento sino prácticamente a todas las consejerías que en su momento fueron gestionadas por CpM.
Actualmente, el grupo parlamentario cepemista está representado solo por tres de los cinco diputados de que dispone; en concreto, solo Emilio Guerra, Cecilia González y Fatima Kaddur asisten a las sesiones plenarias, donde se les ha podido ver en las dos últimas reuniones que se han mantenido desde que se empezara el desarrollo de la operación policial denominada Santiago-Rusadir. Además, Guerra es el único que no ha pasado por el juzgado. Tanto González como Kaddur están en libertad provisional tras haber prestado declaración.
Ninguno de los representantes de CpM en el Pleno de la Asamblea no han intervenido en los asuntos que se han tratado en estas dos semanas. Los tres se han limitado a ejercer su derecho a votar las propuestas y tampoco quisieron hacer declaraciones públicas.
La operación Santiago-Rusadir es continuación de la desarrollada en mayo del año pasado por el caso de la presunta compra de votos por correo en las elecciones municipales del 28M, en las que CPM obtuvo cinco escaños, tres menos de los que tenía en la anterior legislatura.
