El Pleno de la Asamblea aprobó ayer por unanimidad la delegación de competencias del Imserso para el servicio de ayuda a domicilio, una cuestión de la máxima importancia porque de ello depende la atención nada menos que a 300 usuarios, en su mayoría grandes dependientes que necesitan los cuidados de estas trabajadoras para cualquier hecho cotidiano del día y tan imprescindible como comer o asearse. Y, lógicamente, tampoco hay que olvidar que de este servicio viven 70 familias melillenses, que han estado manifestándose en las últimas semanas en demanda de soluciones que les garantizase su continuidad en los puestos y, en consecuencia, se les diera tranquilidad ante la incertidumbre del futuro que se les presentaba cuando acabara el contrato a finales de este mes de marzo.
Lo que ha ocurrido con el Imserso ha sido un completo despropósito. La delegación de competencias anterior venció en octubre del pasado año 2023, lo cual supone que el anterior Gobierno debía de haber negociado en Madrid el siguiente período de cinco años en esta cesión de responsabilidades del citado organismo público. Si tenemos en cuenta que la tramitación hasta llegar a la conclusión de un contrato mayor tiene una duración aproximada a los seis meses, ¿cómo es posible que nadie previera hace un año que había que tomar las riendas del servicio de ayuda a domicilio?
La consejera de Política Social y Salud Pública, Randa Mohamed, lo dijo claramente en el Pleno de la Asamblea: ni su antecesora en el cargo, Paqui Maeso, ni el Imserso, ambos del PSOE, hicieron nada sabiendo que la delegación de competencias cesaba en octubre. En consecuencia, el "marrón" se lo ha tragado este Gobierno, que trata de darle toda la celeridad habida y por haber a un asunto que afecta tan de lleno a un colectivo extremadamente vulnerable de la ciudad, como son los mayores, en un 80% grandes dependientes.
Por eso no se entiende por qué el PSOE votó en contra de la urgencia de la sesión plenaria, que se convocó para 24 horas después del dictamen positivo de la Comisión correspondiente a la vista de que se hace imperioso tener todo preparado para que no haya vacío en la prestación del servicio y no afectar tan negativamente a esas personas de edad que, en muchos casos, no tienen ni familia ni a nadie que cuide de ellas. Ana, una de las usuarias y muy activa en las concentraciones de protesta, no podía resumirlo mejor: "no quiero verme aquí", decía señalando una tumba en la pancarta que portaba. Y rogaba a los representantes políticos que dieran solución porque para ellos es esencial ese servicio de ayuda a domicilio.
Otro detalle importante es que el Imserso sólo aportará 770.000 euros de los 1,6 millones anuales que cuesta esta prestación. Es decir, la Ciudad Autónoma debe aportar unos 900.000 euros que, en puridad, debía financiar íntegramente el Imserso. Con esos 770.000 euros muchos de los actuales usuarios no tendrían la más mínima posibilidad de recibir el servicio y de ahí que el Gobierno ponga sobre la mesa la nada desdeñable cantidad de 900.000 euros para que, al menos, llegue a 300 mayores.
Después de conocer la noticia, la plantilla de trabajadores que atiende a estos melillenses expresaban su alivio porque por fin se les garantizaba su puesto de trabajo, una labor callada, de poco reconocimiento público, pero que implica que nuestros mayores están atendidos en sus necesidades básicas y, en muchos casos, acompañados en su día a día.
