Las fuerzas de seguridad de España y Marruecos colaboraron en 2023 en 14 operaciones antiterroristas que culminaron con más de 80 detenidos, según ha informado el Ministerio del Interior tras la reunión de Fernando Grande-Marlaska con su homólogo marroquí, Abdelouafi Laftit, en su primer viaje al exterior de la presente legislatura.
La última operación conjunta, desarrollada entre la Comisaría General de Información y la Direction Générale de la Surveillance du Territoire (DGST), de Marruecos, se realizó el pasado 19 de diciembre en Nador y Melilla y terminó con la desarticulación de una red dedicada a la captación y adoctrinamiento yihadista.
En lo que respecta estrictamente a España, el año 2023 marcó récord de detenciones por delitos de terrorismo yihadista con 78 arrestos en 36 operaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, lo que convierte a este año en el que más detenciones se han anotado desde el 11-M de 2004, hace dos décadas.
En la reunión en Rabat se ha abordado también otras materias como la política migratoria, con un repunte de llegadas por mar de las pateras, si bien Interior ha destacado el descenso del 41% de las entradas a Ceuta y Melilla, lo que pone de manifiesto "el esfuerzo" en la vigilancia del perímetro exterior de las ciudades autónomas.
Sobre la mesa han estado también otros asuntos de interés común como la lucha contra el crimen organizado y, especialmente, en el ámbito de la protección civil. "Marruecos seguirá contando con la ayuda y las capacidades técnicas de España, como puso de manifiesto en la ayuda prestada durante el terremoto que sacudió el país el pasado mes de septiembre", ha recordado el ministro.
Audiencia nacional
Además, la Audiencia Nacional repite este lunes el juicio a varios acusados que fueron absueltos dos veces de formar un supuesto frente de cárceles en las prisiones donde cumplían condenas por terrorismo con el objetivo de adoctrinar a otros internos, y de los que el principal encausado, Mohamed Acraf, se encuentra huido.
Según informan a EFE fuentes jurídicas, Abderrahmane Tahiri, conocido como Mohamed Acraf y que fue condenado años atrás por liderar una célula que planeaba atentar en Madrid, está desde hace varios meses en busca y captura a petición de la Fiscalía y por el momento no ha podido ser localizado para que se siente el lunes en el banquillo.
Acraf salió en libertad en 2022 y se le retiraron las medidas cautelares al ser absuelto por primera vez. Cuando la Sala de Apelación ordenó repetir el juicio, en verano del año pasado, la Audiencia constató que no se encontraba en el país y se emitieron las correspondientes órdenes internacionales de detención a petición de la Fiscalía.
En un principio, según informan las fuentes consultadas, los investigadores sospechaban que podría estar en Marruecos, si bien hasta la fecha no ha sido posible localizarlo, de forma que lo previsible es que se celebre el juicio contra los otros tres acusados.
Son Mohamed El Gharbi, Karim Abdeselam Mohamed y Abdelah Abdeselam Ahmed, para quienes la Fiscalía pide hasta 12 años de prisión por un delito de constitución de grupo terrorista, aunque plantea de manera subsidiaria una condena de 8 años por colaboración con organización terrorista o captación y adoctrinamiento terrorista.
Los tres, junto con Achraf y un quinto que quedó eximido de responsabilidad y no será juzgado ahora, se sentaron en el banquillo en julio de 2022. Unos meses después fueron absueltos al descartar el tribunal que los juzgó que formasen una red dedicada a favorecer al Dáesh.
La Fiscalía recurrió y la Sala de Apelación ordenó a dictar una nueva sentencia, que llegó a la misma conclusión: la absolución ante la ausencia de pruebas de cargo determinantes.
De nuevo, la Fiscalía, con apoyo de las acusaciones que ejercieron la Asociación 11M Afectados por el Terrorismo y la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), impugnó la absolución y consiguió que la Audiencia Nacional ordenase la repetición del juicio, pero con otro tribunal diferente, ante la "insuficiencia, irracionalidad y clara incoherencia" en el relato de hechos probados de la sentencia.
El ministerio fiscal los acusa de formar un grupo terrorista en las cárceles en favor de Dáesh mediante el envío de cartas a otros reclusos con los postulados de la organización yihadista.
