Los agentes de aduanas de Melilla han manifestado este jueves su "más enérgica repulsa" contra el empresario que supuestamente cobraba el IPSI a los clientes y, sin embargo, no lo liquidaba en las oficinas de Aforos de la Ciudad Autónoma como era su obligación. El Colegio de Agentes y Representantes Aduaneros de Melilla dicen "lamentar profundamente" la situación que se ha creado y ha anunciado que suspende de colegiación a las cuatro empresas regidas por este individuo entre tanto se resuelve judicialmente este asunto, una vez denunciado por la Ciudad Autónoma ante la Fiscalía.
Este colectivo quiere dejar claro que se trata de una única empresa que, a su vez, controla a las cuatro agencias de transportes que presuntamente han incurrido en esas prácticas irregulares y aseguras que "nunca antes se había producido esta lamentable situación, por la que manifestamos nuestra más enérgica repulsa"
"Dado que la propia Ciudad Autónoma ha confirmado la puesta en conocimiento de la Fiscalía de estos hechos y, por otra parte, dado el incumplimiento del Código Deontológico de nuestro Colegio por parte de las empresas implicadas, hemos decidido dejar en suspenso la colegiación de estas empresas hasta que se resuelva las investigaciones iniciadas por la Ciudad", resalta el colegio en un comunicado hecho público esta noche y a raíz de la información facilitada por El Faro respecto de la existencia de ese posible fraude a decenas de comerciantes y particulares de la ciudad.
Los agentes de aduanas, además, han instado a los comerciantes a que presenten su propia garantía bancaria para domiciliar los pagos del Ipsi a los 45 días de la importación. "Así no tendrán problemas en el futuro con este tipo de actuaciones fraudulentas", aseguran.
El tema se destapó públicamente después de que la Ciudad Autónoma enviara a los comerciantes afectados una notificación exigiendo el pago del IPSI por la mercancía importada cuando estas personas ya habían abonado el importe del impuesto a la agencia de transporte correspondiente. Fue entonces cuando se tuvo conocimiento de que el empresario en cuestión podría haber estado embolsándose el dinero que se pagaba para la liquidación del IPSI, que nunca llegó a las arcas públicas.
