Empecemos por el principio: el Hospital Universitario. En 2016, la Audiencia Nacional sentencia que la paralización de la obra se debió al impago de las certificaciones de obra por parte del Gobierno del PP. Impagos que empezaron a producirse cuando el PP de Rajoy llevaba casi un año gobernando. Recuerden, el mismo Gobierno que por entonces rescataba a los bancos, imponía a las familias el copago farmacéutico y desfinanciaba más de 400 medicamentos de dispensación hospitalaria. Fármacos para tratar diferentes tipos de cáncer y patologías crónicas. Ni las comunidades autónomas gobernadas por el PP se atrevieron a aplicarlo. La excepción fueron Melilla y Ceuta, gestionadas por el Gobierno de Rajoy. El PP de Melilla no dijo ni mu.
Pero el PP no solo paralizó la obra del nuevo Hospital. Qué necesario hubiera sido contar con esta infraestructura durante la pandemia. Sometió a los profesionales sanitarios de Melilla a un total desamparo, al tiempo que llevaba a cabo uno de los mayores ataques en la historia de la sanidad pública, con la más absoluta complicidad del PP local. Contratos de meses, incluso de días. El PP hacía contratos de días para no tener que pagar los descansos a los profesionales de nuestra sanidad y se podían encadenar hasta veinte contratos en un solo mes. Una enorme inestabilidad laboral con contratos basura, que conllevaba que se marchasen muchos de nuestros sanitarios.
El actual PP de Melilla, el mismo PP que entonces, ha pedido la encomienda de gestión de la Sanidad y no han sido capaces ni de desarrollar sus competencias en Salud Pública desde la Ciudad Autónoma, después de más de veinte años gestionándolas. Por ejemplo, el cribado de cáncer de colon debería hacerlo la Ciudad Autónoma, tal y como establece el RD 1030/2006 (de hecho, en Ceuta lo hacen) y aquí en Melilla lo hace el INGESA.
El mismo PP que ha desmantelado la Sanidad de nuestra ciudad, dice que quiere gestionarla. Y hablan, como bien saben, de pagar entre 600 o 700 euros extras al mes a los médicos especialistas. Qué atractivo les puede suponer una paguita al alquiler a médicos que cobran 10 veces más que esa cantidad. Y, sin embargo, qué le podría suponer esa ayuda a familias que realmente lo necesitan, que no terminan de llegar a final de mes o directamente se han visto abocados a la morosidad por impago. Por no hablar del agravio comparativo con otros sanitarios o cualquier otro profesional que tenga que decidir venir a Melilla, profesores, otros funcionarios o empleados públicos. Pero es que, además, el Gobierno socialista ha declarado Melilla área de difícil cobertura sanitaria, cumpliendo así con una reclamación histórica de los profesionales sanitarios, que se va a traducir en incentivos para los profesionales y, junto con un hospital puntero y a la vanguardia como el Universitario, va a conllevar no solo que nuestros profesionales no se vayan, sino que el talento venga a nuestra ciudad.
Señores del PP, gestionen bien sus competencias en la CAM. Adelanten la entrega del Proyecto de Presupuestos y no invadan competencias de otras Administraciones Públicas. Preocúpense de la estabilidad laboral de sus propios profesionales públicos, sanitarios (los tres médicos de Salud Pública son temporales) y no sanitarios, procurando la estabilidad, los medios e infraestructuras de calidad. Y no el maltrato al que sometieron a los sanitarios melillenses durante su etapa de Gobierno central, con una plantilla de INGESA que tenía una temporalidad que estaba por encima del 40%. Hoy en día, gracias a las Ofertas de Empleo Público y a los procesos de estabilización que se han llevado a cabo desde 2018 hasta hoy, más de 350 profesionales tienen su plaza fija en el INGESA de Melilla.
La reivindicación principal de los médicos de Melilla, créanme, no se soluciona con una paguita al alquiler. Ellos piden compaginar la actividad pública en los Hospitales del INGESA con la actividad privada, cobrando el 100% del complemento de exclusividad. No sé qué pensarán al respecto otros funcionarios públicos y, cómo afectaría al servicio público de Sanidad esta compatibilidad. Pero, mucho me temo que, con todo el respeto al inconmensurable trabajo de estos profesionales, puede ir en detrimento de lo público.
Otras reivindicaciones: actualizar el precio de la hora/guardia (ya se estaba trabajando en ello antes del inicio de la huelga). Mejorar la retribución de las guardias localizadas de más de 4 horas con una dotación extra (debe recogerse en los PGE). Que se contrate a residentes (se está haciendo y, además, con contratos de 2 años frente a los 2 meses que se hacían antes). Renovación del equipamiento (previsto en las obras del Hospital Universitario y el Servicio de Urgencias de Atención Primaria). Más facultativos (todo es mejorable, por supuesto, pero hoy contamos con muchos más profesionales sanitarios que con el Gobierno del PP) o acabar con la precariedad laboral (hasta 2018 no hubo OEPs, con el Gobierno socialista ha habido 4 y la OPE de traslado). Todas reivindicaciones legítimas, siempre y cuando no sea en detrimento del resto del personal sanitario y negociado con el resto de representantes sindicales en la misma mesa sectorial.
