En coincidencia con un aumento de las llegadas de migrantes en situación irregular y de refugiados a la Unión Europea, los Veintisiete lograron esta semana, después de largas y difíciles negociaciones, cerrar un acuerdo sobre el pacto europeo de migración y asilo, que busca gestionar los flujos de manera ordenada.
Tras el parón que impuso la pandemia de covid, las rutas migratorias de entrada a la UE recobraron en los últimos meses de 2023 el ímpetu de hace unos años.
Según la agencia Frontex, hubo más de 355.000 cruces irregulares en las fronteras exteriores de la UE entre enero y noviembre de 2023, el nivel más alto desde la crisis de los refugiados de 2015 y 2016.
A la vez, las cifras de solicitudes de asilo se dispararon, con más de 123.000 sólo en octubre y, por segundo mes consecutivo, se registraron los niveles más altos desde la crisis de los refugiados.
Continuaron asimismo las llegadas desde Ucrania con motivo de la guerra y hay ya en la UE 4,3 millones de personas procedentes de ese país que disfrutan de una protección temporal.
Lucía Salgado, del Instituto de Política Migratoria (Migration Policy Institute), un laboratorio de ideas independiente, explicó a EFE que existe entre la población europea la impresión de que los gobiernos no saben cómo gestionar la migración y "esto ha creado importantes crisis políticas en muchos países de la UE", explica.
"El gobierno de Países Bajos cayó el pasado julio por la política de asilo y partidos de extrema derecha con posiciones muy duras contra la migración han logrado importantes victorias en países como en Alemania, Suecia, Italia y en Países Bajos", añade Salgado.
Esos cambios políticos tendrán también un impacto "seguramente en las elecciones europeas", que se celebrarán en junio de 2024, augura.
Para Salgado, aunque el pacto migratorio y de asilo "no es perfecto", al menos "es práctico y, sobre todo, mejor que la alternativa de no llegar a un acuerdo y que los países sigan tomando medidas unilaterales", incluido el cierre de fronteras en el espacio de libre circulación Schengen o pactos como el reciente entre Italia y Albania para gestionar las solicitudes de asilo fuera de la Unión.
El pacto "ayudará, pero no es el acuerdo perfecto y no va a resolver en general el problema de que a veces no es equitativo el reparto de solidaridad", advierte.
El eurodiputado Juan Fernando López Aguilar (PSOE), presidente de la Comisión de Libertades Civiles de la Eurocámara y ponente de una de las piezas legislativas del pacto, señaló a EFE que el principal beneficio de sacarlo adelante es "el mensaje de que Europa se ha puesto de acuerdo en establecer un sistema de reglas (...) para poner fin a la dinámica de la que venimos, que es insostenible".
No obstante, precisa, "este sistema, cuando entre en vigor, continuará necesitando de algunas políticas complementarias, como es la lucha contra el tráfico de personas", así como "el fomento de las vías regulares y legales de inmigración hacia Europa".
Y ello se deberá completar, añade, con la "dimensión exterior", es decir, el desarrollo, a través de la diplomacia, de acuerdos con los terceros países de origen y tránsito.
"Cuando consigamos poner en marcha esta legislación, los efectos no serán milagrosos (...) No serán de un día para otro. Pero estaremos estableciendo una nueva dinámica, en la que ya tendremos una escala europea de respuesta y un control europeo de solidaridad", añadió.
Ayudará además, dijo, a "cambiar el estado de desesperanza y de crispación que se desata a menudo en las poblaciones locales de los territorios de fronteras vulnerables" y a terminar con los "reproches mutuos" entre los Estados miembros en primera línea de llegada de los migrantes y aquellos que se quejan de los "movimientos secundarios".
Cifras de la migración
En España se produjo en 2023 la llegada por vía marítima o terrestre de 50.551 personas, según datos oficiales divulgados el pasado 1 de diciembre, un 73 % más que en 2022.
Se alcanzaron datos históricos y se superaron las cifras de años como el de 2006, en el que se produjo la llamada "crisis de los cayucos" en las Islas Canarias.
Dentro del archipiélago, El Hierro sufrió de manera especial, al contar con menos recursos para poder atender a estas personas que llevan a cabo una de las rutas migratorias más peligrosas del mundo.
El resto de las llegadas fueron en el otro archipiélago español, las Islas Baleares (en el Mediterráneo) y en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, los dos únicos territorios que España tiene en suelo africano.
Italia vivió por su parte este año una nueva emergencia en el Mediterráneo central, es decir, en su frontera sur, con un notable aumento del tránsito migratorio desde el norte de África que ha rozado -pero no superado- el récord del 2017, el año de mayor número de desembarcos.
En lo que va de 2023, hasta el 1 de diciembre, llegaron a las costas italianas un total de 152.421 inmigrantes, según datos del Ministerio del Interior, la mayoría procedentes de Guinea Ecuatorial, Túnez, Costa de Marfil, Bangladés, Egipto o Siria.
Estas cifras desbordaron por completo el enclave italiano más al sur, la diminuta isla de Lampedusa: en septiembre llegaron cerca de 10.000 inmigrantes en solo cuatro días, aunque el único y precario centro de acogida del lugar solo tenía camas para cuatrocientos.
La primera ministra ultraderechista recurrió a Europa, cambiando su crítica postura del pasado reciente, e incluso hizo viajar a la isla a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von Der Leyen, que prometió un plan de acción con pocas novedades.
Mientras, el Gobierno italiano siguió hostigando a las ONG que salvan inmigrantes en el mar, bloqueando sus naves o asignándoles puertos lejanos, a días de navegación, para desanimar su acción.
Grecia vivió un significativo aumento de llegadas irregulares en 2023 respecto a 2022, mientras que en junio de este año se produjo frente a sus costas una de las mayores tragedias migratorias en la historia del Mediterráneo.
Según Naciones Unidas, más de 15.000 inmigrantes irregulares llegaron al país por mar y tierra, en su mayoría desde Turquía, tan solo en los primeros ocho meses de 2023.
El 14 de junio, un pesquero que se dirigía a Italia con entre 500 y 700 migrantes a bordo se hundió al suroeste de la península del Peloponeso (sur).
Tan solo 104 personas pudieron ser rescatadas, en una de las mayores tragedias migratorias en la historia del Mediterráneo.
Atenas ha continuado negando las múltiples denuncias de devoluciones en caliente, maltratos y otras prácticas ilegales por parte de las autoridades helenas.
En su dura política contra la inmigración, el primer ministro griego, el conservador Kyriakos Mitsotakis, recibió un respaldo de la población en las urnas en junio, cuando fue reelegido en el cargo tras prometer que seguiría adelante con esa estrategia.
