La Ciudad Autónoma de Melilla ha reclamado una revisión “al alza, decisiva y contundente” de su financiación autonómica por parte del Estado, debido a la “presión” que supone la prestación de todo tipo de servicios públicos “en una ciudad entroncada en un cruce migratorio de mayores y menores de edad”.
En declaraciones a los periodistas, la portavoz del Gobierno de Melilla, Fadela Mohatar, ha afirmado que esta situación “coarta el desarrollo” de la ciudad “por insuficiencia del compromiso” del Gobierno de España hacia Melilla, habida cuenta que la financiación que recibe en el actual sistema, desde 2009, es “un sistema lesivo para sus intereses”.
Por ello, el Ejecutivo melillense considera urgente reformar ya el sistema de financiación, aunque no oculta su malestar porque “el PSOE, en nombre del Gobierno de España, antes de convocar la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), ya había pactado una serie de concesiones a otros partidos y gobiernos autonómicos”.
Mohatar, que estuvo presente en el CPFF de este lunes en sustitución del consejero de Hacienda, Daniel Conesa, ha apuntado que la ministra María Jesús Montero “se afanó en desmentir una y otra vez que no había nada firmado ni se había hecho un traje a medida para Cataluña”, pero es algo a lo que el Gobierno de Melilla no da credibilidad.
“Es vox populi, ha salido en todos los medios y todo el mundo conoce ya a estas alturas que el Gobierno de España, a través del PSOE, hizo una serie de concesiones muy generosas a otras autonomías antes de que se constituyeran las Cortes y antes de sentar al resto de territorios en una mesa”, ha lamentado la portavoz de la Ciudad Autónoma.
El Ejecutivo melillense lo considera “una falta de respeto y consideración” que “atenta contra la igualdad de toda la ciudadanía española” y defiende que, mientras se inicia la reformulación del sistema de financiación, se pacte un fondo transitorio de nivelación “para paliar el enorme desfase que tiene la Ciudad Autónoma entre ingresos y gastos”.
La vicepresidenta segunda del Gobierno local recordó que en 2017, ya hubo un informe de expertos bajo la Presidencia de Mariano Rajoy en el que se recomendaba "una revisión y un fortalecimiento" para las dos ciudades autonómicas "por las dificultades presupuestarias" que ambas tienen. Y en ese sentido, recordó que es Melilla la que tiene que hacer frente a determinados pagos que dependen sin embargo del Estado, sin contar con que los melillenses son los peor parados en el informe PISA o en la calidad asistencial de la sanidad pública, cuando se cumplen 9 meses de huelga de médicos.
"El Gobierno melillense destina 20 millones de euros a apuntalar y fortalecer servicios que deberían estar garantizados por el Estado", insistió Mohatar para recordar que todas las propuestas realizadas en el Congreso de los Diputados para acabar con esa situación, han sido rechazadas. "Planteamos ampliar nuestro puerto comercial para abrir puertas a la industria del desarrollo y quitaron la partida presupuestaria en 2019. Solicitamos un mejor ecosistema fiscal para atraer empresas de base tecnológica y no admitieron nuestras enmiendas. Pedimos financiacion para la universidad como elemento dinamizador socioeconómico y también se nos denegó", recordó.
En ese sentido, recalcó que no solo no se han concedido partidas presupuestarias que sirvieran para el desarrollo económico de la ciudad sino que, además, quitaron el 50% de bonificación a las cuotas patronales a la Seguridad Social.
"Si nos hubieran escuchado, nuestra situación financiera sería menos penosa de lo que es. Es decir, que la presión que supone la prestación de todo tipo de servicios públicos, ayudas en la educación, la sanidad, la dependencia, los servicios sociales, la seguridad, en una ciudad entroncada en un cruce migratorio de mayores, de menores de edad, exige una revisión al alza decisiva y contundente de nuestra financiación", explicó.
Y todo ello, al margen del asunto de los transportes, que ya venía contemplado en el informe de 2017, que abogaba por una mayor atención atendiendo a la situación extrapeninsular de la Ciudad Autónoma. "Nos vemos obligados a soportar grandes cifras de inversión en el tema transportes y en 2017 ya se decía que debía haber medidas correctoras valorando el transporte y ajustándolo a condiciones razonablemente aceptables de frecuencia, precio, calidad o universalidad".
Una fórmula, en opinión de la portavoz del Gobierno, es la declaración de Obligación de Servicio Público de las líneas aéreas con Málaga y Madrid. "En definitiva, que es urgente una revisión del sistema de financiación porque el actual es lesivo para nuestra estabilidad y el principio de solidaridad entre territorios. Por eso hemos apoyado, junto a otras comunidades del PP, que se cree un fondo transitorio para paliar las dificultades que estamos atravesando como gesto del interés que pueda tener el Gobierno de Sánchez por solventar las carencias de las autoanomías y que en el caso de Melilla y Ceuta son tan importantes".
