No fue un parto fácil pero al final nació robusta y fuerte como un roble. Era nuestra Constitución, aprobada por las Cortes Generales el 31 de octubre de 1978 y refrendada el 6 de diciembre siguiente por el pueblo español, que votó masivamente a favor de las nuevas normas en unos momentos en los que primaron la tolerancia y el deseo de una convivencia pacífica dentro de un sistema democrático que igualara a todos ante la ley y estableciera una división de poderes para garantizar en España el Estado de Derecho.
Han pasado 45 años desde entonces y el texto constitucional apenas si ha sufrido alguna modificación destinada, básicamente, a ajustar algunos matices a la normativa europea. La Carta Magna no es perfecta y necesita adecuarse a los tiempos. Por ejemplo, se ha hablado en estos últimos años de eliminar la prevalencia del hombre sobre la mujer a la hora de heredar la corona, entre otros detalles que, sin embargo, nunca han llegado a plantearse seriamente en el Parlamento.
Y es ahora, al cumplir 45 años, cuando algunos de sus preceptos parecen estar en peligro como consecuencia de los acuerdos pactados entre el PSOE y los independentistas catalanes para que Pedro Sánchez pudiera ser investido presidente del Gobierno. Está en jaque la separación de poderes, la independencia del poder judicial y algo extremadamente grave: la igualdad de los españoles ante la ley.
La amnistía exigida y conseguida por una casta de políticos catalanes para zafarse de sus responsabilidades penales por el golpe de estado del 1 de octubre de 2017, está a la vuelta de la esquina. La proposición de ley presentada por los socialistas en el Congreso empezará a debatirse el próximo día 12 y quieren que sea un trámite exprés, urgente, que esté aprobada cuanto antes porque es el primer pago que el PSOE tiene que hacer a los independentistas si quieren seguir en el Gobierno.
La amnistía quiere decir nada más y nada menos que el Estado pide perdón por haber parado aquel golpe, que los jueces se equivocaron al sentenciar a los sublevados y que incluso los persiguieron con aviesas intenciones. Para mayor escarnio del poder judicial, quieren que los magistrados sean investigados en el Congreso de los Diputados y sus sentencias revisadas en una clara invasión de competencias del legislativo sobre el judicial. En definitiva, un disparate que sin duda hace llorar a una Constitución que buena parte de la sociedad civil española quiere mantener en pie.
Nunca en España había habido un período tan largo de paz y prosperidad en base a normas de convivencia hechas entre todos y para todos. Durante el siglo XIX hubo constituciones pero nos cuentan los historiadores que solían hacerse de unos contra otros, según quien estuviera en el poder. La de 1978, sin embargo, contó con un alto grado de consenso, a pesar, precisamente, de los nacionalismos históricos, como el del PNV.
Nuestra Constitución ha sido y debe seguir siendo un buen instrumento para profundizar en el progreso de los españoles, para que la convivencia no se rompa y podamos seguir disfrutando de un Estado de Derecho que nos garantice igualdad y una justicia independiente.
