La Consejería de Hacienda está haciendo encaje de bolillos para quitarse de encima deudas arrastradas del Gobierno anterior, que trabajó con empresas que ni siquiera tenían contrato ni soporte administrativo para poder cobrar por el trabajo que prestaban. En total y durante estos cuatro meses, la Ciudad Autónoma se ha visto obligada a tener que sacar 13 millones de euros solo para el pago a tres de esas prestatarias de servicios, que se encargaban de los centros de menores (tanto La Purísima como el de reforma) y de la gestión de las redes de agua.
Reunir 13 millones de euros de un presupuesto casi agotado cuando se está a la altura del mes de noviembre no debe ser fácil. Sin embargo, se ha debido hacer y con cierta celeridad, sobre todo si se tiene en cuenta que existe una orden judicial y un informe favorable del Consejo de Estado en el que, además, se habla de “mala planificación” en la realización de contrataciones entre 2019 y 2023.
Se da la circunstancia añadida de que son las áreas que CpM tenía en el Gobierno, fundamentalmente Distritos, el Menor y Medio Ambiente, las que están involucradas en esa “nefasta gestión”, según definición del actual titular de Hacienda, Daniel Conesa, que tuvo un enganche dialéctico con su antecesora en el cargo, Dunia Almansouri, en el Pleno de la Asamblea cuando ésta pretendía “sacar pecho” y echarse flores sobre lo que los cepemistas hicieron en esos cuatro años.
Almansouri sigue agarrándose a actuaciones del PP en su etapa al frente de la Ciudad Autónoma no del todo presentables. Todavía no se ha dado cuenta que aquello queda ya lejos y que nada contracorriente de la opinión mayoritaria de los melillenses, que decidieron darle de nuevo su confianza en mayo pasado a pesar de las constantes miradas al pasado. Parece que CpM no ha aprendido nada, un partido que confía su futuro a la “demografía” melillense y que asegura “merecer” mayor representación en la principal institución local.
Lo cierto y verdad es que hay que pagar 13 millones de euros que no podrán utilizarse en otras cosas que beneficien a los melillenses, esos que, según Vox, “no deben pagar” los platos rotos de otros. Tasende lo tiene claro: que se depuren responsabilidades pero no solo políticas sino también penales con respecto a lo que se hizo con aquellas contrataciones, que no eran tales ni se ajustaban a lo que establecen los procedimientos administrativos.
Durante su etapa en la oposición, el PP insistió una y otra vez en que la gestión de contratos en el Gobierno de De Castro hacía aguas por todas partes. Recuérdense en ese sentido los miles de contratos menores que aparecían de pronto sin que hubiese habido publicidad alguna, sin solicitud de ofertas en muchos casos, otorgados a dedo y reiteradamente a un grupo de empresas determinado. Ahora empiezan a aparecer agujeros que ya importan 13 millones de euros. ¿Cuánto más estará ahí agazapado entre tanto deciden los tribunales? Se sabrá en los próximos meses.
