Define el Diccionario de la Real Academia Española la ofuscación como la “oscuridad de la razón que confunde las ideas”. Tengo la impresión de que la sociedad española, por diversos motivos, procedentes, fundamentalmente, de la situación política en la que se encuentra la nación, se encuentra en un determinado estado de ofuscación.
Esta semana se ha producido la designación de un nuevo candidato a la investidura a la presidencia del Gobierno por parte de Su Majestad el Rey en la persona del actual presidente en funciones y Secretario General del Partido Socialista Obrero Español, Pedro Sánchez, después del fallido intento de investidura protagonizado la semana pasada por el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.
Si el primer candidato se presentó ante el Jefe del Estado con 172 respaldos garantizados previamente a su designación como candidato a la investidura, el segundo lo ha hecho, exclusivamente, con los 121 garantizados por su propia formación política. De los 57 adicionales que espera obtener, hasta alcanzar la cifra de 178, los representantes de 21 de ellos (ERC, Junts, EH-Bildu y BNG) no han tenido a bien, siquiera, acudir a la convocatoria de SM el Rey.
Si el plazo de tiempo asignado por la presidenta del Congreso al primero de los candidatos de escasamente un mes fue considerado excesivo por el Partido Socialista Obrero Español y una “pérdida de tiempo”, porque de antemano ellos ya sabían que se trataba de una “investidura fallida”, el plazo de un mes que se han dado a sí mismos los miembros del presunto gobierno de coalición a salir de este nuevo proyecto de investidura para negociar consigo mismos, ya que la coalición es condición sine qua non para la investidura, les parece razonable. Y es que la parte de la coalición representada por Sumar se encuentra, a su vez, fraccionada, en un número importante de plataformas, partidos y mareas, cada una de las cuales reclama su espacio propio. Incluso Unidas Podemos amaga con convocar una consulta a sus bases para dar por buenos los acuerdos con el PSOE como medida de presión hacia la líder de la amalgama de movimientos de extrema izquierda congregados en Sumar.
A su vez, el otro gran protagonista (por el momento) de este proceso de negociación, el prófugo de la justicia (también por el momento) Carles Puigdemont, anuncia la necesidad de recibir autorización del denominado “consejo de la república”, una especie de gobierno paralelo establecido por él, para poder negociar la investidura de Pedro Sánchez, o, por el contrario, bloquearla y llevar a nuestra nación a nuevas elecciones. Cuando Carles Puigdemont anunció, tras conocer el resultado de las elecciones del 23 de julio, que Pedro Sánchez iba a “mear sangre” para obtener su respaldo en una investidura, no imaginábamos entonces, ahora sí, que la sangre no iba a ser la de Sánchez sino la nuestra, la de todos los españoles.
Conocidos son los dos requisitos “imprescindibles” planteados por Junts (no tanto por ERC, aunque en su pugna interna en Cataluña se ve forzado a no quedarse atrás) para respaldar la investidura de Pedro Sánchez y que representan esa “sangre”: la amnistía y el referéndum de autodeterminación, por ese orden de prioridad.
El primero de los requisitos, la amnistía, lo dan por asegurado, pues, a decir de ellos, formaba parte de los requisitos para asegurar la investidura de Francina Armengol como presidenta del Congreso y ellos cumplieron su parte y la invistieron. No obstante, los representantes del gobierno, en sus diversas intervenciones, eluden el término y han dado comienzo a una campaña de edulcoración de la “píldora” insertando conceptos como el de “generosidad”, “espíritu de convivencia” y otros, que pretende implantar en la mentalidad de la bondadosa ciudadanía española la idea de que el que no esté por la amnistía no es generoso ni está por el espíritu de convivencia. Es decir, que la única posibilidad de “convivir” es “sometiéndose” a lo que ellos planteen. Así, sin objeciones. Quizás un poco despótico ¿no?
La Asociación de Fiscales, la mayoritaria en la carrera fiscal, ha enviado una carta a los comisarios europeos Vera Jourová, vicepresidenta de la UE para valores y transparencia y Didier Reynders, comisario europeo de Justicia, en la que, como introducción a 6 folios de argumentos jurídicos, expone que, "de concederse esa amnistía, se estaría poniendo en cuestión toda la arquitectura jurídico institucional y, en definitiva, el Estado de Derecho en España, lo que exigiría, a su juicio, “la intervención de los órganos correspondientes de la Unión Europea, a fin de garantizar el cumplimiento de los estándares europeos en esta materia". En respuesta a esta carta de petición de amparo a las instituciones europeas, que se ha hecho pública, el exjuez Garzón ha instado a la Fiscalía a que “se investigue a fondo” a los fiscales que participaron en su redacción. Quizás un poco inquisitorial ¿no?
El pasado miércoles, durante la presentación de Juan Luis Cebrián como ponente en uno de los desayunos habituales organizados por Nueva Economía Fórum en Madrid, el ex presidente de Extremadura y miembro del Partido Socialista Obrero Español, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, arremetió contundentemente contra el proceso de aceptación de algún tipo de amnistía manifestando que “¿Cómo se puede soportar que alguien viole a 40 millones de españoles? Porque quien viola la Constitución está violándome a mí, está violando mi voto”, haciendo hincapié en que una amnistía serviría para que los españoles fueran “más desiguales” y constituiría una “traición” a los votantes del PSOE.
Mucho han de cambiar las cosas y mucho ha de reconsiderar el nuevo candidato a la presidencia del gobierno su evidente obsesión por permanecer en La Moncloa, a cualquier precio, si quiere que podamos disponer de alguna posibilidad de liberarnos de este, al menos aparente, estado de ofuscación. Para comenzar, debería responder a la pregunta de, si todo es tan natural y sujeto a fines tan bondadosos como la “generosidad” y el “espíritu de convivencia” y si es, sobre todo, “legal”, ¿por qué no lo llaman amnistía?
