Este periódico ha venido publicando desde hace meses y en varias ocasiones la mala situación económica por la que venían atravesando los comerciantes de García Cabrelles, como consecuencia de unas obras que se antojan interminables y que, de hecho, llevan ya más de un año en ejecución.
Estas personas se lamentaban una y otra vez de que habían perdido un importante volumen de venta y que algunos incluso se planteaban el cierre por la inactividad en sus negocios. Cada vez que acudíamos a pulsar el ambiente en la zona, cargaban contra la tardanza en acabar las obras e incluso llegaron a decir que estaban dispuestos a emprender acciones legales contra la Ciudad Autónoma.
Sin embargo, nunca se les ocurrió hacer una protesta pública al estilo de la que protagonizaron ayer frente al Palacio de la Asamblea para exigir soluciones a su situación. El motivo del por qué ahora sí y con CpM en el Gobierno no, es una incógnita aunque teniendo en cuenta algunos de los datos que se conocen sobre esas obras, casi se puede intuir por dónde iban los tiros.
Ya en su día, desde la oposición, el ahora consejero de Medio Ambiente y Naturaleza, Manuel Ángel Quevedo, denunció que el contrato de García Cabrelles no se firmó con la empresa que quedó en primer lugar en la adjudicación sino con la segunda. Se trata de algo muy inusual, sobre todo si se tiene en cuenta que la sociedad que renunció a los trabajos ya había pagado los 70.000 euros de la fianza que debía depositar y que no se le iba a devolver.
Quevedo nunca ocultó en ese sentido que pudo haber amenazas y coacciones de determinados elementos para que la empresa renunciara y el contrato se le diera a la segunda, a la que presuntamente pertenecían esos individuos. ¿Los comerciantes no protestaron en el Ayuntamiento entonces por temor a represalias? La pregunta no es baladí.
Es curioso que solo tres meses después del nuevo Gobierno, sí salgan a exigir al equipo de Imbroda lo que no fueron capaces de conseguir con el anterior Ejecutivo. El área de Hacienda, en manos de CpM, intentó lavarse la cara a última hora, en el mes de abril, haciéndoles creer que les darían unas ayudas económicas que nunca llegaron porque se cruzaron por medio las elecciones.
Estos comerciantes no han precisado si el Gobierno actual les ha negado reunirse o mantener algún tipo de contactos con ellos. Hay quienes afirman que se envió a la consejera y portavoz, Fadela Mohatar, a hablar con ellos y que estos se opusieron porque no querían a una mujer como interlocutora. “Fadela Mohatar es una mujer y es miembro del Gobierno”, decía ayer Imbroda en referencia a este asunto.
Cierto es también que el PP se comprometió en la campaña electoral a dar una solución a este colectivo de comerciantes, tan perjudicados por el retraso de la obra de García Cabrelles. Este verano, el propio vicepresidente, Miguel Marín, aseguró que cumplirían su palabra y se arbitraría un sistema de ayuda para ellos.
Lo que no parece lógico es que los comerciantes hayan optado por tirar las patas por alto ahora y, sin embargo, aguantaran su indignación antes. Con esa actitud hostil no se resuelve nada. Al revés, pone palos en las ruedas en un asunto que, sin duda, debe solucionarse a través del diálogo.
