Tras la finalización de las dos primeras jornadas de la sesión de investidura del presidente Feijóo, que resultaron, como es sabido, con el voto a favor de 172 Diputados y el voto en contra de 178, razón por la cual la investidura resultó fallida, los entornos del presidente del Gobierno en funciones, aquellos a los que el periodista Carlos Herrera denomina, humorísticamente, la “selección nacional de opinión sincronizada”, se lanzaron de manera unánime y enloquecida, por enésima vez, a la descalificación del candidato, culpándole de propiciar lo que ellos denominan una “pérdida de tiempo” a los españoles por presentase a una investidura que, según ellos, no tenía ninguna posibilidad de prosperar. Al parecer, después de haber sido el candidato más votado en las elecciones del 23 de julio, lo que debía hacer era sentarse a esperar a que la supremacista izquierda que padecemos le diera el visto bueno para intentar ofrecer a los españoles una expectativa que nos permitiera salir de la aciaga situación en la que esa misma izquierda nos ha situado y por cuyos más oscuros y tenebrosos desfiladeros pretende seguir adentrándonos. Eso o aceptar que, en todo caso, los únicos con legitimidad para postularse a la presidencia del gobierno son ellos, los auto-investidos de la condición de representantes de la “mayoría social”, ignorando el pequeño detalle de que la inmensa mayoría de los españoles han dado la espalda a las minorías independentistas en las que pretenden “acomodar”, su difícilmente asumible “mayoría social”.
No mencionan los “sincronizados opinadores”, el hecho, no menor, de que lo primero que hizo el candidato a la investidura, después de obtener el respaldo de VOX, UPN y CC y de recibir el mandato de intentar la investidura, por parte de SM el Rey, fue entrevistarse con el líder de la segunda fuerza más votada y actual presidente en funciones, Pedro Sánchez. En esa entrevista le propuso que aceptase suscribir un pacto amplio de investidura y de legislatura, por dos años, proponiéndole una serie de medidas de interés general para la sociedad española, de manera que no tuviera que negociar con los partidos independentistas y someterse a sus desaforadas condiciones, rotundamente ajenas al interés general, con la finalidad de permanecer en el gobierno con muy pocas posibilidades de poder gobernar atendiendo al interés común de los españoles, sino más bien al de unos pocos de ellos, poco comprometidos, por otra parte, con el proyecto colectivo de la nación española.
Los pactos de Estado propuestos en aquel encuentro y reiterados durante la sesión de investidura de esta semana se enmarcan dentro de áreas de indiscutible interés colectivo, tales como el área institucional, la economía, las familias, el estado de bienestar, el agua y la armonía territorial. No son áreas de interés exclusivo de ningún sector social o de ninguna región en concreto, sino áreas que tienen un impacto, más o menos directo, en la inmensa mayoría de los españoles, con independencia de su adscripción ideológica, de su ámbito de actividad laboral o de la ubicación geográfica en la que habiten.
Ahora parecen alzarse voces que, ante la tesitura actual, plantean que sería, quizás, conveniente, que el candidato no investido ofreciese al presidente Sánchez una eventual abstención en su investidura, si ésta se plantea, al objeto de que pudiera revalidar su presidencia del gobierno sin tener que ponerse en manos de los independentistas.
Cuando esto se plantea, parece ignorarse, o querer ignorarse, que la citada abstención habría sido más razonable en el sentido contrario ya que es el Partido Popular el que tiene mayor representación parlamentaria en el Congreso y en el Senado, lo que garantiza una mejor gobernabilidad y que una eventual abstención en favor del presidente Sánchez no garantiza que éste, finalmente, no se apoye en los independentistas, de todas maneras, por intereses partidistas. Son éstos a los que considera sus colaboradores naturales. No parece, pues, que esa hipótesis parezca, ni siquiera, razonable por mucho sacrificio que se quiera asumir por el interés general, pues no parece probable que éste se viera, con ello, beneficiado.
Pues bien, ahora nos encontramos ante una nueva y compleja encrucijada que pudiera haberse evitado de haber aceptado el líder de la segunda fuerza más votada la propuesta, de amplio calado, del candidato a la investidura. Nos encontramos con un nuevo presunto candidato a la presidencia del gobierno, esforzándose, infinitamente más, por dar satisfacción a las demandas de los independentistas condenados por perpetrar graves delitos contra nuestra convivencia o fugitivos de la justicia por los mismos hechos, que por atender las necesidades reales de los españoles y acometer, con el partido más votado por los mismos en las últimas elecciones, las medidas de carácter urgente que apremian la estabilidad de nuestro sistema político.
De hecho, para atender las necesidades de los independentistas se plantea la adopción de medidas que se presentan como abiertamente inconstitucionales, tales como una hipotética ley de amnistía por mucho que se la quiera revestir, mediante un alambicado y retorcido preámbulo, de una apariencia de requisito inevitable para recomponer la convivencia en Cataluña a lo que nadie debería, en principio, negarse. De hecho, tanto el presidente en funciones como muchos de sus ministros e incluso el que lo fuera de Justicia, actualmente vocal del Tribunal Constitucional, Juan Carlos Campo, que ahora debería pronunciarse desde su nuevo puesto institucional, se han pronunciado reiteradamente en público, enfatizando la “indiscutible inconstitucionalidad” de una eventual ley de amnistía.
Si, finalmente, todo esto resulta baldío, por ilegal o por insuficiente para los insaciables independentistas, volveremos, se dice, a elecciones generales. Pues para este viaje no hacían falta alforjas.
Si hubiesen aceptado la propuesta del pacto del candidato a la investidura, cosa que todavía están a tiempo de hacer, creo, humildemente y sin pretender atribuirme virtudes de profeta, que la difícil tesitura en la que nos encontramos se habría resuelto de una manera satisfactoria para una inmensa mayoría de los españoles y eludiríamos lo que sí que se perfila como una auténtica y esta sí descomunal pérdida de tiempo.
