La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Melilla continúa prorrogando el secreto de las actuaciones que se están siguiendo para esclarecer judicialmente el llamado “caso del voto por correo”. Mes a mes, mediante auto motivado y con el visto bueno del fiscal, ese secreto de sumario se va alargando en el tiempo y desde que a principios de junio los policías de la Brigada Judicial fueron al despacho del entonces presidente, Eduardo de Castro, para entregar el escrito de peticiones de la juez, nada más se ha sabido de cómo va la instrucción de las diligencias.
Como se recordará, el 9 de junio pasado se ordenó a la Ciudad Autónoma la paralización de pagos a determinadas empresas y una serie de documentos que competían tanto a la Administración Local como a empresas públicas. Nunca se supo cuáles son las empresas afectadas por la decisión de la juez ni tampoco el tipo de documentación que requirió de los ordenadores.
Lo que sí se sabe, porque así lo afirmaron en su día las dirigentes socialistas, es que el auto de la juez no afectaba a ninguna de las consejerías bajo su órbita de influencia. Por exclusión se afirmó entonces y se mantiene ahora que las áreas relacionadas con el procedimiento judicial son las que gestionó CpM. No hay que perder de vista el hecho de que uno de los detenidos en mayo dentro de este procedimiento fue el mismísimo consejero de Distritos y hoy diputado local cepemista, Mohamed Ahmed Al-Lal, que se negó a declarar apelando a que desconocía de qué estaba siendo acusado.
Ahora, el nuevo consejero de Hacienda, Daniel Conesa, ha anunciado que la Ciudad Autónoma se personará como acusación particular en cuanto se levante el secreto de sumario, algo que no se sabe cuándo ocurrirá. Esto quiere decir que entiende el Gobierno que la Administración melillense es una perjudicada y no es de extrañar si se tiene en cuenta que la propia Fiscalía Anticorrupción, encargada del caso, ya dijo en su momento que el dinero empleado en la supuesta compra de votos pudo salir de las “mordidas” en contratos públicos.
Todos sabemos que la Justicia tiene sus propios tiempos, que las investigaciones de temas tan complejos como el que nos ocupa necesitan tranquilidad y un trabajo constante que muchas veces ni siquiera se nota.
Todo eso es cierto pero habría que añadir aquí eso de ‘sin prisas pero sin pausa’ por cuanto que los melillenses tienen todo el derecho a saber qué ocurrió con el dinero público, si es verdad que se utilizó para beneficiar electoralmente a un partido político concreto, quiénes fueron los que participaron en la trama y, sobre todo, que el “caso del voto por correo” sirva para que nunca jamás vuelva a producirse algo tan siniestro, tan maquiavélico y tan nefasto para la democracia.
