El miércoles se cumplen cinco meses desde que comenzó la huelga de médicos de Melilla y de Ceuta. Unas movilizaciones a las que, aunque las comenzaron los facultativos del Hospital Comarcal, se han ido uniendo otros colectivos de la ciudad como el personal del 061 y atención primaria y que están provocando algunos quebraderos de cabeza entre los ciudadanos.
Aunque se mantienen los servicios esenciales, hay cientos –tal vez, miles- de afectados por las consultas no suspendidas y las operaciones urgentes no realizadas. Además, varios paros totales y otros parciales de lunes a jueves dejan sin cobertura a la ciudadanía, que, de alguna forma, es la que paga los platos rotos del enfrentamiento de los médicos con el Gobierno. Mediante las concentraciones que, cada miércoles, el colectivo lleva a cabo a las puertas del Hospital Comarcal durante unos minutos, los facultativos intentan llamar la atención del Ejecutivo central, que es el competente en sanidad en las dos ciudades autónomas, sobre las carencias que detectan en el sistema.
Piden, sobre todo, medidas para atraer y retener al personal sanitario en Melilla y, para ello, evidentemente piden mejoras en sus condiciones laborales. Ya no se trata sólo de mejoras retributivas, como pudiera ser el caso del complemento de exclusividad, sino que, en la lucha contra la precariedad sanitaria en la ciudad, reclaman los manifestantes disminuir la ratio de pacientes por médico, garantizar la sustitución de las ausencias, la reducción de la jornada laboral por el cuidado de los hijos, la adaptación de horarios, la armonización de la jornada laboral y la adecuación de la plantilla a las necesidades asistenciales de Melilla.
A través del Sindicato Médico de Melilla y el Sindicato Médico de Ceuta –los dos que están apoyando las movilizaciones en primera línea-, el colectivo ha enviado cartas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a los dos últimos ministros de Sanidad, Carolina Darias y José Manuel Miñones, así como al Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo.
De momento, no han tenido suerte y, por ello, ahora acuden, a través del Consejo General de Médicos de España, a una instancia superior, como es el Parlamento Europeo, que, vista “una realidad complicada, un sistema sanitario en crisis, con déficit de personal y medios técnicos y que imposibilita la retención y atracción de personal médico”, la ha admitido a trámite.
Una buena noticia para el personal sanitario y para los ciudadanos, pues puede ser un primer paso para desencallar un problema demasiado tiempo enquistado. El Ingesa debería cuidar mejor de los dos únicos territorios sobre los que aún tiene competencias.
