Con la publicación de la Orden INT/859/2023, de 21 de julio, por la que se desarrolla laestructura orgánica y funciones de los servicios centrales y territoriales de la Dirección General de la Policía, el Ministerio del Interior "da un paso más en su plan de descomposición de la Guardia Civil, que ve cada vez más reducidas sus competencias mediante interpretaciones y con absoluta nocturnidad al modificar normas que no pasan por el Consejo de la Guardia Civil a pesar del claro perjuicio para los derechos socio-laborales de los guardias civiles", afirma la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC).
"Esta modificación podría suponer el destierro de miles de guardias civiles que ejercen su cometidos en puertos y aeropuertos de toda España, además de situaciones como el cuartel de Roquetas de Mar, donde la ciudadanía viene sufriendo desde hace años la falta de guardias civiles al establecerse desde Interior un incrementototalmente desigual de plantillas en Policía y Guardia Civil, y ahora, bajo dicho pretexto, generado por el propio Ministerio, se pretende relegar a la Guardia Civil delos cometidos que viene desempeñando desde hace décadas", lamentan desde la AUGC, cuyos servicios jurídicos se han puesto atrabajar en un recurso contencioso administrativo.
La asociación piensa que el Ministerio del Interior "debería dejar de aprovechar su situación para vengarse de las rencillas que tiene con los generales, modificando normas que al final a quienes más afecta es a las escalas más bajas y a los ciudadanos".
"Es incomprensible que con una Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad totalmente obsoleta y con una más que necesaria reforma profunda, no se haga nada por aprobar un nuevo texto y se utilice la puerta trasera para importantes cambios", critican los guardias civiles.
La AUGC es la decana de las asociaciones profesionales y la que cuenta con mayor número deafiliados. Cuenta con representación en todo el territorio español, en cada una de lasunidades y especialidades del Cuerpo y viene liderando el movimiento asociativo desde lallegada de la democracia, cuando nació como un sindicato clandestino. Su lucha por lademocratización de la institución le valió en 2010 el Premio Nacional de Derechos Humanos que concede la Asociación Pro Derechos Humanos de España (Aphde).
