Hay un refrán muy español que dice que no es oro todo lo que reluce y desde luego eso es lo que ha pasado con el tema de las bonificaciones del 50% de las cuotas patronales a la Seguridad Social. El pasado martes la delegada del Gobierno, Sabrina Moh, ponía un tuit en el que daba a entender que se había conseguido lo que Melilla entera venía reivindicando con respecto a esa bonificación y es que se derogara la norma según la cual el 50% iba a desaparecer a partir del 1 de septiembre pasa sustituirlo por una cuantía mensual fija de algo más de 200 euros por cada trabajador.
Ella nunca dijo públicamente que lo que se estaba preparando era un segundo decreto para subvencionar anualmente las cuotas hasta alcanzar el 50%. Jamás precisó que se estaba pergeñando un nuevo sistema y dejó creer a todo el mundo que se anularía la normativa para que todo siguiera tal y como estaba antes de que el Gobierno de Sánchez decidiera romper un derecho adquirido desde 2004.
Ahora nos enteramos de que el Ejecutivo del PSOE había pactado quitar la bonificación y sustituirla por una cantidad fija mensual con la Comisión Europea pero no sabemos por qué tuvo que acordar algo semejante, a no ser que estemos hablando de algo como lo que ha sucedido con las autovías y los peajes. España se comprometió a imponer el pago del uso de las carreteras para que la Unión Europea le diera las ayudas del plan de transformación y resiliencia.
El caso es que la nueva fórmula que ha ideado el Gobierno no termina de convencer a los empresarios por varias cuestiones que tienen su aquel. Por ejemplo, al ser una subvención tendrá que cotizar a Hacienda como ingreso y, en consecuencia, la ayuda perderá su razón de ser, que no es otro que contribuir a la creación de puestos de trabajo.
Además, se dice en el Real Decreto que la bonificación y la subvención serán para trabajadores indefinidos, que las empresas tendrán que darles 20 horas de formación y, encima, la patronal calcula que los empleados del sector privado perderán mensualmente de su nómina entre 70 y 90 euros por este cambio.
En definitiva, nos habían vendido una moto que, al final, ha resultado estar gripada. Dicen los candidatos del PP en estas elecciones del domingo que, si Feijóo llega al Gobierno, revertirán la situación y todo volverá a su ser, ese que se inició en 2004 y que había estado inalterable hasta ahora. Si efectivamente ganan los comicios generales, una de sus prioridades debe ser, sin duda, derogar cuanto antes el Real Decreto 1/2023 que tanto daño va a hacer a nuestra economía y al bolsillo de los trabajadores locales.
