El Ministerio del Interior ha organizado un importante dispositivo de seguridad para el día de las elecciones en Melilla, que se celebrarán el próximo domingo, día 23, como en el resto de España. El operativo dispone de 551 efectivos entre policías nacionales, locales y guardias civiles, apenas 40 menos de los que estuvieron controlando el proceso de votaciones del 28M.
Es evidente que el Gobierno sigue preocupado por lo que pueda pasar aquí en unas elecciones, aunque es evidente que las cosas han mejorado mucho desde que se pusiera orden en el voto por correo exigiendo la presentación del DNI a los electores que fueran personalmente a la oficina postal a depositar su papeleta.
El número de solicitudes de voto por correo ha vuelto a la normalidad, máxime teniéndose en cuenta que muchos melillenses han tenido que elegir esta modalidad para ejercer su derecho por cuanto que la jornada de votaciones les pilla en plenas vacaciones. Se puede decir que la cuestión electoral se ha normalizado en la ciudad después de años de sospechas de fraude e incluso algunas condenas por tratar de desviar la voluntad soberana de los ciudadanos.
Atrás se queda el período convulso de la última campaña electoral con miles y miles de votos por correo (llegaron a más de 11.700) que alcanzaron hasta el 21% del censo. Y no hay que olvidar tampoco la investigación judicial que sigue pendiente y bajo secreto, que debe determinar si hubo o no una trama para la compra de votos.
Hace algo más de un mes, sin ir más lejos, los melillenses asistían sorprendidos a los registros en viviendas e incluso una de las sedes que utilizaba CpM para temas de comunicación en la campaña. No fue nada edificante saber que uno de los detenidos en aquella operación fue el exconsejero de Distritos, Mohamed Ahmed Al-Lal, que quedó en libertad provisional y, sin embargo, ha recogido su acta como diputado de nuevo por CpM.
Menos tiempo hace aún que volvía el sobresalto cuando trascendió que funcionarios de la Brigada de Policía Judicial de la Jefatura Superior entraban en el despacho de la Presidencia para entregar a su entonces titular en funciones, Eduardo de Castro, el auto de la juez del Juzgado de Instrucción número 2 de la ciudad por el que ordenaba la entrega de determinada documentación, así como la paralización de los pagos a determinadas empresas, que el PSOE rápidamente salió a comentar que no tenían nada que ver con sus consejerías.
Afortunadamente todo hace indicar que las aguas han vuelto a su cauce y que Melilla no solo está teniendo una campaña electoral tranquila, sino que, además, vivirá una jornada el domingo de lo más relajada con poco más de 5.000 votos por correo solicitados.
