La prestación del servicio de transporte público urbano de Melilla necesita garantías de continuidad. No puede seguir sujeta al albur de unas subvenciones nominativas que se pagan o no dependiendo de la voluntad política del Gobierno de turno porque estamos hablando de la movilidad de muchos ciudadanos y de un medio de transporte que todos los argumentos verdes sitúan a la vanguardia del futuro.
El Ejecutivo que gobierne la Ciudad Autónoma a partir de este mes de julio debe ser consciente de la necesidad de poner solución a este problema, una solución que sea definitiva y que acabe con la incertidumbre de la cooperativa, que ha tenido que cesar en el servicio por falta de liquidez. El cierre de la frontera fue la puntilla que esta cooperativa necesitaba para entrar en número rojos y han sido dos años consecutivos de abultadas pérdidas económicas, sin contar con que, al no poder pasar a Marruecos ni un danone, son muchos los marroquíes que han dejado de utilizar la COA para sus desplazamientos.
De ahí la urgencia del pago de una subvención que, efectivamente, al ser anual, podía pagarse en diciembre como alguno ha razonado pero que si realmente importa el bienestar de los melillenses debía abonarse cuanto antes para impedir lo que ha sucedido: la paralización del transporte público urbano desde el pasado sábado.
Según dicen las partes, el pliego de condiciones para licitar el servicio está prácticamente hecho. Los propios miembros de la cooperativa reconocen haber colaborado con la Consejería de Medio Ambiente para establecer los precios del kilómetro y las frecuencias, entre otros puntos de importancia en la contratación. Ahora solo resta aprobar esas normas y sacar a concurso una relación contractual a la que se presentará la COA como cualquier otra empresa, según su propio tesorero y miembro del Consejo Rector, Antonio Montoya.
El transporte público no va a ser precisamente barato, a juzgar por las cantidades que se manejan en ese pliego de condiciones y que comentaba Montoya a El Faro hace unos días. Estamos hablando de un presupuesto que se sitúa por encima de los 3 millones de euros pero que garantizará la prestación y podrá exigir unos cánones de calidad, frecuencias y horarios mucho más favorables para los usuarios del autobús.
El próximo presidente de la Ciudad Autónoma, Juan José Imbroda, ha asegurado decenas de veces en todas sus comparecencias públicas que la llegada del nuevo Gobierno dará la vuelta a Melilla. Ahí, con la COA, tiene un primer reto importante que, según ha venido diciendo Manuel Ángel Quevedo, llamado a ser uno de los hombres fuertes del próximo Ejecutivo melillense, se comprometen a solucionar de una vez y por mucho tiempo.
Solución definitiva?
Dentro de 4 años lo mismo