La COA se ha reafirmado en su decisión de cesar en el servicio a partir de este sábado, según confirmó a El Faro el tesorero y miembro del Consejo Rector de la cooperativa, Antonio Montoya. Además, expresó su confianza en que el nuevo Gobierno aún por constituirse dé una solución definitiva a este asunto con la legalización del transporte público mediante el correspondiente contrato tras la licitación del servicio.
Montoya entiende que la COA no está sujeta contractualmente en estos momentos con la Ciudad Autónoma y, en consecuencia, no puede haber actuaciones ni administrativas ni judiciales contra la cooperativa en el caso de que, definitivamente, deje de funcionar en Melilla. Respondía así a los representantes del Gobierno que han asegurado que la COA tendría sanciones del Ministerio de Transporte si al final decidía no circular a partir de este sábado.
“Nosotros no estamos sujetos a un contrato con la Administración y no hay nada firmado. En consecuencia, si quieren hacer algo contra nosotros que lo hagan”, comentó Montoya.
Éste indicó que no tienen dinero para funcionar. “Si no tenemos dinero de dónde lo sacamos, quién lo pone. Todos los trabajadores quieren cobrar a final de mes como es su derecho por eso no entiendo lo que está pasando. ¿Qué hacemos, paralizarlo todo, que no cobren?”, se preguntó.
Antonio Montoya es partidario de que se lleve a cabo lo antes posible una licitación del contrato y se adjudique de forma legal la prestación del servicio de transporte público. “El contrato es lo válido”, sentenció para añadir que el propio interventor ya no quiere seguir firmando pagos. “Esta es la última vez que va a firmar los 500.000 euros de la subvención”, señaló.
Además, dejó claro que medio millón de euros anuales está muy lejos de las cantidades que se pagan en otras ciudades de características similares a las de Melilla. En ese sentido, aseguró que el coste de esos contratos está entre 3 y 3,5 millones de euros mientras que la COA recibe 500.000 euros.
Según manifestó, los responsables de la Ciudad Autónoma conocen esa situación porque tienen calculado el coste del kilómetro, que se sitúa en torno a los 6 euros.
Preguntado acerca de si ya existía algún tipo de documentación previa a la licitación del contrato en poder de los responsables de la Ciudad Autónoma, Montoya explicó que los trámites se pusieron en marcha en su día y que ellos mismos ayudaron a establecer algunos puntos del pliego de condiciones como las rutas y el coste del kilómetro para que se supiera cuál era el coste real del transporte público. “Se pusieron en marcha con todo esto pero al fin al no lo sacaron”.
La cooperativa entiende que el Ejecutivo local debía de haber hecho mucho antes el Consejo de Gobierno para aprobar el pago a la COA. “Aquí de lo que se trata es de que el Gobierno debían de haber puesto soluciones sobre la mesa mucho antes”.
No en vano, Antonio Montoya cree que éste ha sido “el peor período que ha atravesado” la COA. “Nos da mucha cosilla tener que dejar de prestar el servicio pero es que no tenemos dinero, las pólizas se lo han llevado todo”, aseguró.
Por último, indicó que los representantes de la cooperativa están dispuestos a sentarse con el próximo Gobierno para dar soluciones a este problema. “El próximo Gobierno debería ya tomar decisiones para solucionar lo que ocurre con el servicio del transporte público. Nosotros pensamos que eso pasa por el contrato”.
Fuentes oficiales de la Ciudad Autónoma, por su parte, manifestaron que “no tenemos ningún tipo de novedad” con respecto a la postura que mantienen en los últimos días acerca del futuro de la COA.
