Decenas de personas han pasado recientemente por la Jefatura Superior del Cuerpo Nacional de Policía en Melilla acusadas de los presuntos delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, organización criminal y falsedad documental, según han asegurado a El Faro fuentes próximas a la investigación. Ésta se encuentra bajo secreto de sumario por decisión del Juzgado número 4 de la ciudad, que instruye las diligencias.
Nuestras fuentes apuntan que todos estos supuestos involucrados, que cifra en posiblemente unos ochenta, se presentan en la Jefatura Superior, se niegan a hablar ante la policía y piden comparecer ante el juez, que los deja en libertad a la espera de la ampliación de las declaraciones.
La investigación, siempre según nuestras fuentes, están siendo desarrolladas por la Unidad contra las Redes de Inmigración y Falsedades de la Brigada de Extranjería y Fronteras (UCRIF). Ésta habría puesto el foco en una gestoría melillense bajo responsabilidad de la principal acusada, una mujer que “se hacía pasar por letrada en unas ocasiones y como gestora en otras” para “engañar” a quienes acudían a ella “en busca de papeles” para permanecer en España.
Según datos a los que ha tenido acceso El Faro, una de las actuaciones policiales corresponde a la intervención de autorizaciones de residencia obtenidas de forma presuntamente fraudulentas y que forman parte del procedimiento judicial 530/22 del citado Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4.
Por ahora se desconocen más datos relacionados con esta investigación. Fuentes oficiales de la Jefatura Provincial de Policía no han querido hacer declaraciones sobre este caso, aludiendo al secreto de las diligencias.
Lo que sí ha trascendido es que no es la primera vez que se lleva a cabo una actuación de características similares. Es más, nuestras fuentes manifestaron al respecto que “cada cierto tiempo” se desarrolla una operación de estas características en Melilla.
