El Ilustre Colegio de Abogados de Melilla ha organizado una nueva jornada formativa para sus miembros, esta vez relacionada con la odontología de la abogacía. La jornada tendrá lugar el próximo 5 de julio en el salón de actos del colegio y contará con dos ponentes de primer orden.
Se trata de Fernando Candela Martínez, presidente de la Comisión Deontológica del Consejo General de la Abogacía Española y decano del colegio de Alicante. Posteriormente intervendrá Leandro Cabrera Mercado, miembro de la Comisión Deontológica del Consejo General de la Abogacía Española y decano del colegio de Granada.
Ambos hablarán de Hablará en este caso de los ‘deberes deontológicos en el ejercicio de la abogacía: infracciones deontológicas de los abogados y sus consecuencias jurídicas’.
Todos los asistentes debidamente inscritos obtendrán el diploma acreditativo de la formación, si bien la jornada será de asistencia obligatoria para todos los abogados del turno de oficio de Melilla.
Concentración
Por otro lado cabe resaltar que los letrados melillenses están llamados a participar este miércoles, a las doce del mediodía, en una concentración en las Torres V Centenario en demanda de un “pacto de Estado por la Justicia” que “consiga reactivar de forma inmediata el servicio público con medidas urgentes para resolver los inadmisibles retrasos ya acumulados” en los juzgados.
El colegio entiende que es “insostenible” la situación por la que atraviesa el servicio, paralizado durante meses por sucesivas huelgas, algo que viene sucediendo desde marzo pasado “sin un cumplimiento efectivo de los servicios mínimos y sin visos de solución”.
Por eso este organismo defiende un pacto entre todas las fuerzas políticas después de las elecciones del 23 de julio para “crear un servicio público, efectivo y de calidad”. Es decir, piden que sea la “legislatura de la Justicia” y se dé cumplimiento a las principales reivindicaciones del colectivo.
Las medidas a adoptar, según solicitan, pasan por una gobernanza incluyente, más recursos personales y materiales, racionalización organizativa, ejecución de resoluciones, expedientes electrónicos, acceso universal, conciliación y la regulación del derecho de defensa e instrucción por el Ministerio Fiscal.
