Decenas de personas han asistido este sábado, en la entrada del edificio de los sindicatos, a la mesa redonda correspondiente a la I Marcha por la Justicia 24J, organizada por diversas organizaciones como la caravana Abriendo fronteras y personas a título individual venidas de toda España.
En esa mesa, la militante antirracista y afrofeminista, investigadora y comunicadora Quinndy Akeju, quien también ha ejercido de moderadora, ha asegurado que el objetivo de esta Marcha es rememorar, en su primer aniversario, “uno de los mayores atentados contra los derechos humanos de la historia de España y de la frontera sur de Europa” como fue la “masacre” de Melilla, así como “pedir el fin de la impunidad, porque a día de hoy no se han depurado responsabilidades”, honrar la memoria de las víctimas y pedir “justicia, verdad y reparación”.
En su opinión, no se trata tanto de culpar a un país u otro, sino de analizar “por qué a un lado y otro hay esas repercusiones o por qué hay gente obligada a emigrar de esas maneras”. En este sentido, más que señalar a un país concreto, para ella se trata de ver “qué políticas migratorias empujan a la gente a emigrar de esa manera tan deshumanizada y que al final resultan en masacres como esta, que no son puntuales, sino sistemáticas, porque ocurren todos los días y en todos los ámbitos” donde hay una frontera de la Unión Europea (UE), como Grecia, Italia o Canarias. Al respecto, Akeju considera que esas políticas migratorias son incorrectas, dado que “ponen en el centro la protección de las fronteras y del territorio frente a la protección de la vida”.
La activista ha recordado que, según el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, todo el mundo tiene derecho a emigrar, por lo que hay que crear políticas que garanticen ese derecho. Al respecto, y sin querer “eximir de responsabilidad” a los países de origen, Akeju ha insistido en que las políticas de la UE “son extremadamente violentas contra la gente que ejerce su legítimo derecho a emigrar”. A su parecer, la “masacre de Melilla” es un ejemplo de la manera de trabajar y de la coordinación entre las fuerzas de seguridad españolas y marroquíes “para garantizar ese blindaje a Europa, que al final también tiene una mirada colonial y racista”, dado que al final “siempre desemboca en violencia hacia los mismos cuerpos, negros y africanos en su mayoría”.
Vías legales para emigrar
Venida desde Canarias, por su parte, la abogada saharaui experta en migraciones Loueila Mint El Mamy ha hablado de la necesidad de establecer “vías legales, seguras y dignas” para que los migrantes puedan viajar sin poner en riesgo sus vidas, sobre todo cuando, como en este caso, la mayoría eran refugiados procedentes de Sudán, tal como, según ella, se ha demostrado mediante investigaciones independientes.
El pasado día 20 de junio fue el Día Internacional de las Personas Refugiadas y, para esta abogada, sirvió para “recordar que ninguna persona refugiada tiene por qué vivir lo que se vivió aquí hace un año, que es que se le torture y se le asesine al intentar llegar para pedir el asilo”. En su opinión, mucho de ello tiene que ver con el color de su piel, vista la diferencia con cómo se está tratando a los ucranianos actualmente en sus solicitudes de protección internacional.
El Mamy ha apuntado que hace falta comenzar una investigación más allá de la que ha sido archivada por la Fiscalía y pide a las autoridades españolas que la acometan, dado que no espera nada de Marruecos, país al que, ha recordado, España y la UE ceden millones de euros para contener la inmigración.
La abogada, quien ha tratado varios de estos casos en Canarias, ha apuntado que nadie quiere gastarse 4.000 euros en emigrar en una embarcación “precaria”, poniendo en riesgo sus vidas y con la posibilidad de que luego sea expulsado del país, pero que de alguna forma se les “obliga” a ello, dado que a la gente que quiere llegar por vías “legales, seguras y dignas” no se les permite hacerlo, como prueban “un montón de recursos en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid”. Para ella, los consulados españoles se lo impiden tanto a estas personas como a los refugiados que quieren solicitar protección internacional y a quienes quieren reagruparse con sus familiares, algunos de los cuales tienen nacionalidad española.
El Mamy cree que el dinero que se le da a Marruecos para contener la inmigración no sirve, como lo prueba el hecho de que “más del 51 por ciento de la gente que está entrando de manera irregular por la frontera sur es de Marruecos”, pueblo que es “víctima de esas políticas”.
“Algo no funciona”, ha dicho la abogada, quien ha añadido que, mientras esto siga así, seguirán luchando por los derechos de esas personas migrantes para que no sean retornadas, en función del convenio europeo de derechos humanos y directivas y reglamentos que también obligan a España.
Por último, El Mamy se ha referido al hecho de que sólo uno de los 37 muertos reconocidos oficialmente del 24J haya sido enterrado y alrededor de 76 personas sigan desaparecidas para expresar su disgusto con las autoridades marroquíes por retener los cuerpos en la morgue. Para la activista, no se trata tan sólo de la “angustia” que puedan tener los familiares por no saber qué sucedió o cómo murió o desapareció su ser querido, sino que tampoco se les está dando el derecho a enterrarlos y darles “un duelo digno”.
“Una investigación transparente”
Uno de los portavoces de la Marcha, Sani Ladar, con quien El Faro ha podido hablar, ha dicho, por su parte, que una de las principales reivindicaciones es pedir una investigación “independiente y transparente” de lo que sucedió y la implantación de mecanismos para que los familiares de los muertos y de los desaparecidos puedan identificar a esas personas.
Para Ladar, la “responsabilidad” de lo sucedido el 24 de junio de 2022 es tanto de España como de Marruecos, “los dos estados que han tenido que ver con lo ocurrido y con la gestión bochornosa que han tenido sobre este caso, que a día de hoy está archivado”. Además, ha indicado que ambos países están obstaculizando cualquier investigación “transparente” que pueda mostrar su culpa y para que los familiares se puedan desplazar a identificar los cuerpos o buscar a los desaparecidos. Un asunto este último que, no obstante, a su parecer, debería recaer en España y Marruecos como países “responsables” de lo que pasó.
El manifiesto firmado por 319 organizaciones de toda España y la Marcha nacen, según Ladar, “de la indignación y del mensaje de que no nos podemos quedar callados y mirando hacia otro lado en una de las mayores violaciones de derechos de las personas migrantes en la historia de la frontera terrestre de Europa”. Por ello, también él ha pedido “una investigación exhaustiva, transparente e independiente” y, sobre todo, que España y Marruecos establezcan mecanismos para que los familiares de las víctimas puedan encontrar a los desaparecidos e identificar a los muertos.
Por último, Ladar ha reclamado la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y que no vaya en ninguna lista el las elecciones generales del próximo día 23 de julio, porque, según él, “no puede campar a sus anchas después de lo que ocurrió el 24J”.
