La continuidad de los 52 trabajadores de la COA está pendiente de que la Ciudad Autónoma le abone a la cooperativa el dinero que le debe y que se desglosaría de la siguiente manera: 800.000 euros de las subvenciones correspondientes a los años 2022 y 2023, y 300.000 más procedentes del Estado y con los que se ha venido financiando la bonificación del 30% en el coste de los billetes hasta el próximo día 30 de junio.
Esos algo más de 1.1 millones de euros para una empresa pequeña como la COA es un mundo. Por eso, la cooperativa ha dicho “hasta aquí hemos llegado” y plantea el cierre de su actividad a partir del 1 de julio, lo cual supone dejar a Melilla sin un servicio esencial: el transporte público. Y la cosa es que, según afirman desde la empresa, el municipio tiene la obligación por ley de prestarlo al ser Melilla una población con más de 50.000 habitantes.
La verdad es que no se tenía que haber llegado a esta situación. Desde la COA comentaban ayer que hace 4 años CpM se comprometió a sacar la licitación del contrato del transporte público con el fin de regularizar una situación digamos que alegal mediante la que estos autobuses prestan el servicio pero sin que medie una relación contractual que fije el precio del kilómetro y exija una serie de condiciones en el correspondiente pliego. Entre ellas, un aumento de la frecuencia del paso por las paradas, como reclaman muchos de los usuarios.
Decía Antonio Montoya, que es tesorero de la cooperativa, que muchas veces el propio interventor de la Ciudad Autónoma ha puesto reparo a los pagos precisamente por esa falta de regularización. Es decir, ha habido cuatro años para sacar adelante el contrato e incluso subrogar a los trabajadores caso de ser necesario, pero no se ha solucionado nada de nada.
Y eso es precisamente lo que necesita ahora la COA, solución, que se paguen los atrasos y se pueda seguir dando el servicio que tanto bien hace a muchos melillenses, que no tienen otro sistema de transporte por la ciudad que no sean esos autobuses, varios de los cuales fueron adquiridos hace solo unos años, mejorándose así la flota que hoy día tenemos en la ciudad.
Parece mentira que mientras por un lado hablamos de movilidad, de sostenibilidad, de calmar el tráfico en la zona centro, de mejorar la calidad del aire con menos emisiones de CO2, por el otro se esté permitiendo que la COA desaparezca porque no se le paga lo que se le debe.
Al parecer, todo depende de que el presidente en funciones, Eduardo de Castro, firme unos documentos, que se reúna el Consejo de Gobierno y se dé luz verde al texto del acuerdo entre las partes que permita liberar los fondos que tanto necesita la cooperativa. Si fuese así, todavía se está a tiempo de poner la solución sobre la mesa y, sobre todo, impedir que el servicio cese en cuestión de una semana.
