La mañana de este jueves se ha celebrado la vista oral en el recurso contencioso-administrativo que interpuso la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) contra el Gobierno y el Ministerio del Interior por el incumplimiento de las cláusulas tercera y octava del acuerdo de equiparación salarial, de 12 de marzo de 2018.
La AUGC, a través de sus servicios jurídicos, ha defendido la validez y eficacia del acuerdo y de las obligaciones y compromisos adquiridos por el Gobierno de cumplimiento de ambas cláusulas. Como se recordará la cláusula tercera establecía la obligación del Gobierno de destinar 100 millones de euros para incentivar el reingreso del personal de segunda actividad sin destino y reserva no ocupada al servicio activo. Y la cláusula octava se refería al compromiso del Gobierno, a través del Ministerio del Interior, de impulsar las medidas legislativas que sean necesarias para garantizar que en el futuro no se pueda producir una disfunción salarial entre las policías que realicen las mismas funciones.
Actualmente, ninguna de las dos se ha cumplido por el Gobierno. Esa fue la razón de que AUGC, en solitario, requiriese al Gobierno para su estricto cumplimiento. La Secretaría de Estado de Seguridad consideró que el Acuerdo no le vinculaba y que, por ello, no era necesario cumplir ambas cláusulas.
Esta tesis la ha defendido este jueves la Abogacía del Estado, que ha interesado la inadmisión del recurso. Para la representante de la Administración es muy dudosa la existencia de obligación de dar cumplimiento a aquellas. "La cuestión no deja de ser sorprendente porque quien suscribe el Acuerdo y lo cumple en parte, niega su validez y eficacia", señala la asociación profesional.
Para AUGC el acuerdo "es válido y eficaz en su totalidad" y por ello ha pedido al juez que ordene al Gobierno su cumplimiento y la iniciación de un proceso de negociación al respecto.
