A los tres meses de huelga de los médicos del Hospital Comarcal y la Atención Primaria en Melilla, se sumaron esta semana los policías y guardias civiles, que exigen una jubilación digna y la equiparación salarial con los cuerpos autonómicos.
También hemos visto protestar esta semana a los inspectores de Trabajo, reclamando en nuestra ciudad más medios informáticos para hacer su trabajo en condiciones, pero hay una huelga de la que apenas se habla en Melilla: la de los funcionarios de Justicia, que llevan un mes echándole un pulso al ministerio de Pilar Llop.
En nuestra ciudad se ha hablado poco de esta huelga, entre otros motivos porque está teniendo un escaso seguimiento (del 10-15%) en comparación con otras provincias como Asturias, donde hay un 80% de funcionarios en pie de guerra.
Pero que no se hable de la huelga de los funcionarios de Justicia no significa que sus efectos pasen desapercibidos porque en apenas un mes se han tenido que suspender 150 juicios y se han paralizado 1.400 expedientes judiciales.
Estos datos son escalofriantes porque hablan de que una huelga con apenas seguimiento en Melilla está dejando efectos devastadores sobre la ya de por sí lenta justicia que tenemos.
En esencia, los funcionarios de Justicia piden lo que ya han pedido y conseguido jueces y fiscales: más sueldo por asumir competencias que no les correspondería asumir si las plantillas no estuvieran diezmadas.
Pues bien, reclaman lo mismo que los guardias civiles; los policías nacionales o los médicos: mejoras en la retribución porque la inflación ha subido; los precios han subido; los alquileres y las hipotecas han subido y no se puede pretender seguir recargando a los empleados públicos con más trabajo por el mismo sueldo, estando como está el salario, completamente desfasado.
Nos encontramos con que los ya de por sí deteriorados servicios públicos de Melilla se están viendo terriblemente afectados por las huelgas de los funcionarios públicos.
Por tanto, cabe preguntarse, qué pasaría en este país si todos los trabajadores de las pequeñas y medianas empresas que muchas veces no pueden ni siquiera soñar con las condiciones laborales de los funcionarios decidieran plantarse para exigir más sueldos.
Se paralizaría el país, como hoy están paralizadas las consultas médicas en el Comarcal o muchos expedientes judiciales en las Torres V Centenario.
En definitiva, estas huelgas deben servir como aldabonazo para que todos los empleadores, públicos y privados se comprometan a mejorar las condiciones de los trabajadores porque a nadie le interesa una España desmayada, hundida en protestas.
El Gobierno, aunque esté en la recta final, debe comprometerse a solucionar un problema que le ha estallado entre las manos en campaña electoral. Así no se pueden ganar elecciones.
