Una de las funcionarias de Justicia que trabajan en Melilla, Victoria Belmonte, ha concedido una entrevista a El Faro para hablar de la situación actual en que se encuentran los juzgados de Melilla, o, en este caso, más concretamente, el lugar donde ella desempeña su labor.
De hecho, ella está “viviendo la situación desde dentro”, porque, al estar dentro de los servicios mínimos, no puede secundar la huelga como le gustaría. Belmonte explica que, por cada jurisdicción, hay dos gestores que se encuentran cada día en estos servicios mínimos, por lo que les resulta imposible abandonar su puesto de trabajo. Lo que sí que es “verdad”, ha apuntado, es que están haciendo “las cosas meramente imprescindibles”, fundamentalmente aquellas que tienen que ver con actos relacionados con menores o las causas con presos. “Las cosas más urgentes”, ha declarado.
Hay que tener en cuenta, además, que los llamados servicios comunes también están realizando la huelga, por lo que ni siquiera se están haciendo citaciones.
Eso sí, Belmonte lamenta el “poco margen” que se les deja desde el Ministerio, habida cuenta de que, por ejemplo, en su departamento son seis funcionarios los que trabajan y cuatro de ellos están cumpliendo los servicios mínimos.
Las dos personas que están secundando las movilizaciones, mientras tanto, van haciendo turnos y hay días que hacen huelga y otros que no. “De seis personas podrían hacer huelga dos”, manifiesta y deja, una vez más, su descontento con los servicios mínimos que se han establecido.
La funcionaria confirma que en la oficina ya están “cansados”, porque no ven respuesta a sus reivindicaciones y, en cierto sentido, les parece como si les estuvieran “tomando el pelo”. Al respecto, Belmonte recuerda que, cuando los magistrados anunciaron que iban a ir a la huelga, “enseguida les dieron lo que pedían” y también a los letrados, aunque “les costó un poquito más”, y los funcionarios, por el contrario, todavía no han conseguido nada.
A pesar de todo, Belmonte cree que “no hay marcha atrás” y reitera que no tienen pensado parar hasta que el Gobierno acepte sus reivindicaciones.
Finalmente, preguntada sobre si tiene esperanzas de que el conflicto se desencalle pronto, responde que es lo que esperan todos a pesar de que, hasta el momento, no ha habido respuesta ni negociación por parte del Gobierno, que lo fía todo a hablar a partir del día 24 de julio, una vez se celebren las elecciones generales.
Lo que desea esta funcionaria, al igual que la mayoría de sus compañeros, es que les den respuesta lo antes posible o, al menos, que el Gobierno establezca un interlocutor válido para las negociaciones. Lo que sea menos lo que hay ahora, porque, como ella dice, los han dejado abandonados a su suerte.
Como critican los sindicatos, todo lo que está sucediendo “es una prueba más de la indiferencia que este Gobierno les dispensa a los empleados públicos de la Administración de Justicia –menos a una minoría privilegiada a quienes sube sus retribuciones un 28 por ciento- y a los ciudadanos, que se ven perjudicados por la prolongación del conflicto, exclusivamente provocada para desgastar a los huelguistas, al ver cómo más de medio millón de juicios ya se suspendieron y millones de expedientes han quedado paralizados en su tramitación”.
