La medianoche de este viernes se pone punto y final a una campaña electoral muy convulsa, marcada por la sospecha de fraude en torno a un elevadísimo porcentaje de voto por correo, que levantó tantas suspicacias que acabó con la judicialización del proceso y una operación policial que se llevó la palma con la detención de un consejero del Gobierno y número tres de la lista de CpM, Mohamed Ahmed Al-Lal, hoy cesado.
Desgraciadamente en Melilla se habla con total normalidad del precio del voto desde hace ya muchos años. Cierto es también que el porcentaje de voto por correo que se registra aquí está muy por encima de la media que arroja la ciudad de Ceuta o la que existe a nivel nacional.
Y no es menos cierto que ya hay antecedentes de trampas en el voto por correo: lo sucedido en 2008 con las promesas de entrar en los planes de empleo acabó con la condena contra el líder cepemista, Mustafa Aberchán, y el secretario general del PSOE, Dionisio Muñoz. Ambos habían firmado un acuerdo, en presencia de José Luis Rodríguez Zapatero, para concurrir juntos a aquellas elecciones generales.
Lo que prácticamente había sido normalizado en las elecciones melillenses estalló por los aires cuando algunos individuos decidieron atacar a los carteros en barrios periféricos para robarles la documentación electoral que estaban entregando en los domicilios. La decisión de la delegada del Gobierno, Sabrina Moh, de ponerles escoltas (policías nacionales y guardias civiles) corrió como la pólvora por la prensa nacional.
Aquellos episodios contra los trabajadores de Correos hicieron que todos los grandes medios de comunicación pusieran el foco en Melilla. Y eso, unido al hecho de que el porcentaje de voto por correo se disparara hasta el 21% con interminables colas diarias frente a la sede de la oficina postal del Industrial, encendió todas las alarmas habidas y por haber.
Ocurrió entonces que empezó a hablarse abiertamente de presunta compra de votos masiva en la ciudad.
La Junta Electoral de Zona, a instancias de partidos como el PP y Vox, tomó una resolución que se consideró definitiva para atajar lo que estaba sucediendo con el voto por correo: ordenó que esos votos solo pudieran emitirse si el elector concreto se personaba en las oficinas postales con su DNI; solo CpM votó en contra. La directriz provincial fue avalada por la Junta Electoral Central, que optó por extender la orden a todas las sedes de Correos de España, al objeto de tapar cualquier hueco que pudiera servir de coladero para los votos presuntamente ilegales.
Fue conocerse la decisión de estos órganos judiciales y se acabaron las colas en Correos de un día para otro. Normalmente se veían cientos de personas esperando turno para participar en el proceso electoral mediante este sistema. Se llegaron a contabilizar hasta 700 ciudadanos en las colas.
El caso es que, al final, de las 11.707 solicitudes de votos solo se emitieron 5.814, según los datos oficiales del Ministerio del Interior.
La última idea, consistente en echar los votos en los buzones para que Correos los recoja y envíe a las mesas electorales, tampoco ha funcionado. Las juntas electorales, de total acuerdo entre ambas, dijeron que ningún voto depositado en buzones que no esté certificado no llegará a los colegios. Todas esas papeletas tendrán que ser depositadas en la sede de la Junta Electoral de Zona.
Operación policial
La presunta trama para la compra de votos está siendo investigada por el Juzgado de Instrucción número 2 de Melilla, cuya jueza titular declaró secretas las actuaciones desde el primer minuto. Sin embargo, el pasado martes, fue más que notoria la operación policial organizada para efectuar registros por distintos puntos de la ciudad.
Esta operación, llevada a cabo por efectivos del Cuerpo Nacional de Policía, se centró muy detenidamente en el número 66 de la carretera de Farhana, una sede cedida a CpM por un histórico del partido y que se utiliza para temas de comunicación. Y se saldó también con la detención de nueve personas, una de ellas muy relevante en la estructura de los cepemistas.
Se trata del ya exconsejero de Distritos, Participación Ciudadana y Juventud, Mohamed Ahmed Al-Lal, número 3 de la lista de CpM en estas elecciones. Tras prestar declaración ante la juez, se le retiró el pasaporte y fue puesto en libertad con cargos.
Las irregularidades que se les imputan a los detenidos, según fuentes de la investigación, son delitos electoral y pertenencia a banda criminal.
CpM ha negado siempre cualquier vinculación con los hechos que se investigan y que este viernes han quedado bajo la responsabilidad de la Fiscalía Anticorrupción.
Los cepemistas tienen clara su línea de defensa. Además de asegurar que el PP está en la compra de votos, aluden a razones “racistas y xenófobas”, a la necesidad de quitarse de en medio un partido “molesto” y de instrumentalización de la Justicia para obtener titulares de prensa contra CpM.
También intentó que se suspendiera el proceso electoral pero la Junta descartó esa posibilidad. El segundo paso es que ya ha anunciado que impugnará los resultados de las urnas el domingo, sea cual sea el veredicto de los melillenses.
No solo eso, quiere una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados, observadores “nacionales” en las votaciones y que venga el Defensor del Pueblo.
Esta precampaña electoral ha contado con la participación de primeros espadas del PP y del PSOE, en este último caso fueron el portavoz parlamentario Patxi López y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Los populares obtuvieron el apoyo del presidente nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo, la número 2 en Génova, Cuca Gamarra, y otros altos dirigentes nacionales como Esteban González Pons, Carmen Fúnez, Carmen Navarro, Pedro Rollán y Miguel Tellado, entre otros.
Han terminado ya quince días muy intensos, en los que los mensajes sobre propuestas e iniciativas programáticas prácticamente quedaron en segundo plano por mor de las circunstancias sobrevenidas.
