“Condenados e imputados campan a sus anchas en muchas candidaturas”, denuncia Guerra. Unión, Progreso y Democracia, concretamente el pasado miércoles 7 de abril, presentó una proposición de ley orgánica sobre principios y medidas contra la corrupción y por la transparencia en la gestión pública.
La diputada de la formación magenta, Rosa Díez, puso de manifiesto que debería ponerse fin a la “lamentable” situación que supone que más de 100 imputados vayan en las listas electorales del 22-M, la mayoría implicados en causas judiciales de corrupción que concurren en las filas del PP y del PSOE.
El candidato a la presidencia de la Ciudad Autónoma por UPyD, Emilio Guerra, ha comentado que su partido ya introdujo recientemente una enmienda en el Congreso a la Ley Orgánica del Régimen Electoral General que imposibilita que personas condenadas con sentencias no firmes por delitos contra la administración pública puedan concurrir en las listas electorales, pero con esta nueva proposición, “pretendemos ir más lejos”.
Proponemos, abundó, una reforma de la Ley de Contratos del Sector Público que contemple una serie de actuaciones que refuerzan los principios de objetividad, publicidad e imparcialidad, y prevenir posibles adjudicaciones de contratos fraudulentos y plantean un refuerzo del régimen de incompatibilidades de cargos electos, altos cargos y empleados públicos.
UPyD plantea también despolitizar el Tribunal de Cuentas, reclaman una reforma del Estatuto Básico del Empleado Público para limitar por ley el número máximo de personal eventual y de libre designación, y para establecer una duración de cinco años para los cargos de directivo público, y abogan porque la Ley de Financiación de Partidos Políticos obligue a las formaciones a hacer públicas en su página de internet sus cuentas anuales.
