El Consejo de Europa insta a España a revisar la cooperación con Marruecos en el control de las fronteras y a que, vista la gravedad de lo ocurrido en el salto masivo de la valla de Melilla del 24 de junio y en ocasiones anteriores, suspenda toda actividad común que conduzca a violaciones de derechos humanos.
En un informe publicado este miércoles sobre la visita que hizo a España en noviembre, y que incluyó en particular una etapa en Melilla, la comisaria de derechos humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatovic, se muestra particularmente dura en su diagnóstico de los hechos y reclama cambios radicales en la gestión de la inmigración, en especial en esa ciudad autónoma y en Ceuta.
Mijatovic exige abiertamente al Gobierno español que dé instrucciones a las fuerzas del orden para que actúen respetando los estándares internacionales de derechos humanos cuando detengan inmigrantes en las fronteras de Ceuta y Melilla, y eso incluye "una prohibición explícita" y con carácter inmediato de las expulsiones.
En las conclusiones del informe, la comisaria reconoce que debido a la situación geográfica de Melilla y Ceuta, España se enfrenta a situaciones complejas con los migrantes y solicitantes de asilo en las vallas que separan las dos ciudades autónomas, principales vías de acceso de la inmigración, de Marruecos. Por tanto es consciente de los desafíos que estos implican a la hora de ser abordados.
También reconoce los esfuerzos que realiza nuestro país en la valla y en los rescates marítimos. En este sentido destaca que la situación en la frontera de Marruecos con España demuestra la urgencia en mejorar las medidas de responsabilidad compartida entre los miembros de la Unión, un tema largamente debatido porque los países de llegada (España, Italia o Grecia) se enfrentan solos al reto de frenar una inmigración que luego no se queda en sus territorios sino que continúa camino hacia otros países del norte de Europa.
No obstante, desde el Consejo de Europa recuerdan la obligación que tiene España de salvaguardar los derechos de los solicitantes de asilo y respetar sus obligaciones internacionales.
Parar las devoluciones sin garantías
En opinión de la comisaria de derechos humanos, para cumplir con ese respeto escrupuloso a los derechos humanos es necesario revisar el enfoque actual de acceso al territorio español en Ceuta y Melilla por lo que enfatiza que las devoluciones tienen que parar y en su lugar debe hacerse una evaluación individual de la situación de cada migrante que quiera ingresar en Europa de manera irregular.
Esto se debe hacer, añade, debido a la falta de vías "reales y efectivas" de acceso al asilo en los puntos de acceso habilitados para las entradas oficiales y a que no se tienen en cuenta los peligros reales a los que se enfrentan los migrantes que son devueltos a Marruecos, "a pesar de las preocupaciones documentadas al respecto".
En opinión de la comisaria, las modificaciones hechas a la Ley de Extranjería española, que legalizó de manera excepcional los retornos en frontera (devoluciones en caliente), "no prevén garantías claras contra la devolución y las expulsiones colectivas o al derecho al asilo", insiste la comisaria en el informe publicado tras su visita a España.
En sus conclusiones, insta a las autoridades españolas "a proporcionar sin demora" a las autoridades fronterizas una orientación "clara y obligatoria" sobre cómo actuar conforme a los tratados internacionales de los que España es signataria.
Esa orientación, que no es otra cosa que el protocolo de actuación en la valla que lleva años pidiendo la Asociación Unificada de Guardias Civiles de Melilla, "de be comprender una prohibición explícita de las expulsiones sumarias y de la devolución", recalca el informe.
Asimismo, también debe destacar las garantías procesales que deben respetarse, incluido el derecho a ser identificado; a que se evalúe la necesidad de protección internacional; a tener acceso a un intérprete, a un abogado o a asistencia médica y, por supuesto, a la revisión judicial.
La comisaria está convencida de que si se habilitan vías legales, a las que se pueda acceder de manera efectiva, para solicitar asilo en Ceuta y Melilla, se reducirían drásticamente los saltos a la valla y las consecuencias que estos tienen para los migrantes.
Además, llama la atención sobre la necesidad de sancionar el uso excesivo de la fuerza por parte de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que trabajan en labores de control fronterizo.
Al respecto, pone el acento en la necesidad de que exista mayor transparencia y rendición de cuentas en las prácticas de control fronterizo por lo que aconseja hacer evaluaciones de riesgo para los derechos humanos; implementar estrategias que ayuden a mitigar los riesgos o mecanismos de monitoreo compuestos por agentes independientes e imparciales.
También aconseja implementar un sistema efectivo de reparación para las víctimas de violaciones de derechos humanos.
Por último, denuncia que una vez dentro del territorio español los solicitantes de asilo se enfrentan a varios problemas que les impiden el acceso a la protección de vulnerabilidades. En este sentido piden al Gobierno español que "fortalezca el sistema de asilo para permitir un rápido acceso a la protección de todas las personas necesitadas".
Para acceder al informe completo, pincha aquí.
