El Partido Popular ha querido dejar este martes de manifiesto que nadie del Gobierno "se puede escaquear" de la presunta ilegalidad cometida en la contratación de los artistas Kiko y Shara y el fraccionamiento de contratos menores para la realización de un concierto el pasado fin de semana que, además, no tuvo publicidad y, en consecuencia, apenas si congregó a treinta personas en la pista deportiva de Las Palmeras. Daniel Conesa, candidato en la lista popular, apuntó directamente a "dos candidatas al Presidencia de Melilla que son colaboradoras necesarias para esta chapuza y la presunta ilegalidad cometida". Se refería en concreto a la cepemista Dunia Almansouri como consejera de Hacienda y a la socialista Gloria Rojas como vicepresidenta.
"Lo que ha ocurrido es responsabilidad de todo el Gobierno, que no se intente escaquear ahora Gloria Rojas o el PSOE pidiendo acceso al expediente de la contratación. Se trata de una actividad del Gobierno y, en consecuencia, hay una responsabilidad colectiva de todos. Es el conjunto de todos ellos el que lleva a cabo la mala praxis a la hora de realizar contratos menores y despilfarrar fondos públicos porque se viene haciendo desde hace años", comentó Conesa.
Para el representante popular, lo sucedido con ese concierto "es un escándalo" del que no se puede decir "que no haya precedentes". "Tenemos muchísimos precedentes de mala praxis del Gobierno y, más concretamente, la Consejería de Distritos, que es especialista en esto, en hacer actividades mediante contratación menor sin publicidad ni posibilidad de que otras empresas concurran".
El antecedente más cercano, según Daniel Conesa, fue el concierto de Morad. "Ya lo denunciamos en ese caso y volvemos a hacerlo. Llevamos al interventor de la Ciudad Autónoma lo que consideramos que es un fraccionamiento ilegal de contrato y eso mismo vamos a hacer con lo que ha sucedido con Kiko y Shara".
Tras haber obtenido información oficial sobre el expediente, el portavoz popular cifró en más de 56.000 euros el coste del concierto, sin contar con el suministro eléctrico. "Eso es lo que ha costado un concierto al que no se le ha dado publicidad y, en consecuencia, hay un evidente despilfarro de dinero público. No se puede organizar algo así gastándose 56.000 euros, fraccionar los contratos, adjudicarlos a dedo y no dar publicidad al evento porque se produce un despilfarro, que es algo a lo que este Gobierno nos tiene acostumbrados".
A su juicio, resulta "una barbaridad" lo que ha pasado "desde el punto de vista de la eficacia del uso del dinero público". "O sea, además de una presunta actitud ilegal a la hora de organizar el evento, se despilfarran fondos públicos porque no se le ha dado ninguna publicidad y por lo tanto hubo una absoluta inexistencia de público, que se cifra entre 30 y 40 personas", concluyó.
