El viernes pasado el Boletín Oficial de Melilla (BOME) publicó el listado de 1.500 empresas que han sido beneficiarias de los 13,5 millones de euros de las subvenciones en concurrencia competitiva al mantenimiento y a la creación de empleo en Melilla durante la crisis del covid. Es lo que se conoce como de las ayudas de la Línea 8 que conceden Promesa y la Consejería de Hacienda.
Había mucha expectación porque es difícil no cumplir con uno de los requisitos transversales (tener pérdidas) durante el tiempo que duró la pandemia. Sin embargo, no era el único exigido. Según ha explicado la consejera de Hacienda, Dunia Almansouri, se priorizó a las empresas que además de perder dinero, tenían menos trabajadores y no a las que mantuvieron plantillas abultadas en tiempos muy difíciles.
Y es justo esto lo que ha hecho saltar la paz por los aires. Los empresarios de 140 empresas que dan trabajo a 1.500 personas en Melilla se han quedado sin esa ayuda de la línea 8.
Los primeros en alzar la voz fueron los empresarios de Pymes Melilla que mostraron su malestar y criticaron que se dejara sin ayuda a empresas puntera de Melilla por "falta de dinero".
La patronal CEME se pronunció de manera contundente este martes, cinco días después de la publicación de los beneficiarios de las ayudas para dar un margen de 10 días a la Administración para que amplíe la partida y dé dinero a los 140 empresarios que cumplen los requisitos y se han quedado sin la subvención.
La consejera de Hacienda, Dunia Almansouri, ya ha dicho que se estudiará la ampliación de las ayudas, pero advirtió de que eso no se hace en diez días. Y ahí está el problema porque la CEME anuncia manifestaciones y nadie quiere tener a los empresarios en la calle a un mes de las elecciones.
Almansouri explicó, en un ejercicio de transparencia, que para saber si hay dinero para ampliar las ayudas (se necesitan nada más y nada menos que 6 millones de euros) hay que hacer la liquidación del presupuesto de 2022 y una vez que se tenga eso en mano se sabrá si hay o no dinero para cubrir las expectativas que se levantaron.
Este es el tercer órdago que la patronal de Melilla lanza al Gobierno local. El primero de ellos fue en marzo de 2022, cuando recriminaron al Ejecutivo local el incumplimiento de sus promesas ya que tras cuatro años de sonrisas, foros y reuniones consideraban que estamos igual o peor que en 2019.
Tras ese encontronazo el Ejecutivo consiguió aplacar los ánimos que volvieron a caldearse cuando la CEME rompió a principios de año la comunicación con la delegada del Gobierno, Sabrina Moh, y aseguró que no volvería a reunirse con ella hasta que no reabriera la aduana.
Y ahora llega este ultimátum de 10 días con la amenaza de iniciar movilizaciones como la histórica protesta que le organizaron a Imbroda en marzo de 2018, poco antes de la moción de censura que Sánchez le hizo a Rajoy.
Los ánimos están caldeados y en estos momentos la única forma de calmarlos pasa por conceder las ayudas prometidas a las empresas que cumplen con los requisitos o de lo contrario habrá manifestaciones que pueden cambiar la percepción del votante indeciso a poco más de un mes de las elecciones. La situación es delicada.
