La Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP) ha denunciado este martes que dos trabajadores de la cárcel de Melilla han tenido que registrar sendos escritos en la Delegación del Gobierno exigiendo el respeto a derechos laborales consolidados en España.
En el documento registrado en la Delegación, los funcionarios de la cárcel de Melilla denuncian que solicitaron verbalmente permiso remunerado para ausentarse del trabajo por ingreso hospitalario de un familiar que vive fuera de Melilla y no les contestaron.
Ante el silencio administrativo, hicieron la petición por escrito y ésta fue denegada verbalmente recomendándoles que registraran su solicitud en la Delegación del Gobierno, que en la ciudad depende de la socialista Sabrina Moh.
Los funcionarios piden, al amparo del Real Decreto 5/2015, cuatro días de permiso remunerado por ingreso hospitalario de un familiar de segundo grado de consanguinidad que vive en una ciudad diferente.
La negativa a conceder permisos amparados en la legalidad se suma, según APFP, a la larga lista de quejas que los sindicatos de prisiones vienen denunciando en la cárcel de Melilla, desde que el año pasado, la Dirección del centro dejó sin complemento extraordinario a todos los funcionarios, siendo los de la ciudad, los únicos de toda España que no fueron reconocidos económicamente tras el sobreesfuerzo realizado durante la pandemia del coronavirus. Paradójicamente, los jefes de la cárcel sí cobraron ese incentivo.
A lo largo de todo el año pasado, la cárcel de Melilla ha sido diana de las denuncias sindicales por supuestos excesos cometidos en las sanciones aplicadas a funcionarios tras fugas mediáticas de presos además de las denuncias por plagas de ratas en zonas comunes como la cocina o la sala donde se cambian los trabajadores.
Instituciones Penitenciarias no ha dado importancia a las denuncias sindicales y a las firmas recogidas por los funcionarios pidiendo la dimisión de la Dirección del centro. Las críticas han salpicado a la delegada del Gobierno a quien los sindicatos han pedido que medie en el asunto.
En cualquier país democrático cesan a toda la dirección, pero estamos en spañistan