La Ciudad Autónoma de Melilla ha vuelto a ser condenada por vulnerar derechos en las oposiciones a la Policía Local de 2019.
Por resolución de 9 de enero del 2019 se publicaron las bases de una de las convocatorias de promoción interna para el ascenso a la categoría de oficial del Cuerpo de la Policía Local de Melilla, que se ha convertido en una de las más conflictivas de la historia de la Ciudad y que ha dado lugar a diferentes procedimientos judiciales, muchos de ellos todavía pendientes de decisión judicial.
En una nota de prensa, el bufete de abogados Suárez-Valdés explica que una de esas resoluciones más conflictivas fue la surgida en relación con FJC, agente de Policía Local de Melilla, que concurrió a esa convocatoria de ascenso, con tan mala suerte de resultar lesionado gravemente al ser atropellado en acto de servicio durante un control, escasos días antes de la realización de las pruebas físicas de la oposición.
Ante esta situación, el abogado Antonio Suárez-Valdés solicitó que a este policía se le efectuaran las pruebas físicas en un momento posterior, cuando se hubiera recuperado de sus lesiones, de forma que su accidente laboral no le perjudicara en la oposición y que pudiera concurrir a las pruebas en igualdad de estado físico que sus compañeros de oposición.
Esta petición no debía suponer mayor problema, ya que la propia convocatoria de promoción interna preveía la posibilidad de posponer las pruebas de aptitud física hasta seis meses para embarazadas que se encontraran en estado de gestación, parto o puerperio, existiendo una opositora en dicha situación.
Sin embargo, pese a resultar perfectamente conocedora de la situación física del agente, la Ciudad Autónoma le negó dicha posibilidad, extremo este que el letrado Suárez-Valdés consideró discriminatoria, iniciando por ello un recurso contencioso administrativo.
El pasado 30 de noviembre el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3, estimó el recurso del agente de Policía Local de Melilla, condenando a la Ciudad Autónoma a señalar nueva fecha para la realización de las pruebas físicas de dicha convocatoria al mismo y luego, con su resultado, resolver el concurso oposición como resulte del resultado de las mismas.
El Juzgado entiende en su sentencia que la Ciudad habría actuado de forma contraria a derecho al existir en el agente una situación de fuerza mayor que le impedía la realización de las pruebas físicas con el resto de los opositores, anulando la resolución por la que se denegaba el traslado de la fecha de las mismas a un momento posterior.
Consultado sobre la decisión judicial, el abogado Antonio Suárez-Valdés recalca que, de nuevo, la deficiente actuación de la Ciudad Autónoma puede derivar en importantes indemnizaciones para el agente afectado en el caso de que el mismo finalmente logre superar el proceso selectivo.
