Carmen, la niña de ocho años y huesos de cristal del colegio Reyes Católicos, no saldrá al recreo, como quiere ella y reclaman sus padres, porque la Dirección del centro ha decidido "por prudencia" mantenerla alejada del resto de estudiantes al considerar que esto acarrea un menor daño para la menor.
Desde la Dirección provincial de Educación han explicado a El Faro que en este caso no se trata de un problema de personal, ni de segregación, ni de carencias de recursos porque el centro tiene dos cuidadoras y recibirá otras dos con el refuerzo de 25 técnicos que acaba de aprobar el Ministerio para Melilla.
Todo lo contrario. Creen que el centro está actuando con "buen criterio", basándose única y exclusivamente en las características de la enfermedad de la niña.
Los padres de Carmen no lo ven así. No creen que en el aula la niña corra un menor riesgo de caerse o de que alguno de sus compañeros pueda, en un descuido, hacerle daño. Eso consideran que son tópicos de quienes desconocen la enfermedad. Ellos apuestan por que la pequeña siga haciendo una vida normal.
Los padres de niños con algún tipo de discapacidad no aspiran únicamente a que sus hijos estén integrados en el sistema de enseñanza convencional. Aspiran a que los niños disfruten de los beneficios de la inclusión que hay que recordar, no es un favor que nos hace éste o aquel centro escolar cuando admite a un menor con necesidades especiales.
La inclusión es un derecho que nos garantiza la Lomloe, la nueva ley educativa aprobada en diciembre de 2020 que literalmente "hace efectivo el derecho a la educación inclusiva como derecho humano".
Por tanto, la Dirección de un centro no puede contravenir la ley en nombre de lo que considera que es lo mejor para el alumno, independientemente de que la niña y sus padres quieran lo contrario.
La diferencia entre integración e inclusión es abismal y lo explica mejor que yo el presidente de la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Melilla (Fampa), Joan Casares: "Integración es todos juntos; inclusión es todos juntos e interactuando".
En este caso, está claro que el colegio Reyes Católicos apuesta por la integración, no por la inclusión. Ya no es una cuestión de recursos, es una cuestión de normas internas que subliminalmente trasladan a los padres un mensaje inequívoco: son lentejas, las tomas o las dejas.
El hecho de que sea una decisión exclusivamente tomada por el "buen criterio" del centro, deja a los padres ante la disyuntiva de al menos repensar si quieren que la niña siga yendo a un colegio que integra o prefieren buscar otro que de verdad apueste por la inclusión.
Los padres de Carmen no son de los que se rinden a la primera. No sólo han denunciado el caso en los juzgados con las esperanzas puestas en que la Fiscalía de Menores actúe de oficio sino que además han iniciado una recogida de firmas en apoyo a un documento con el que piden que con carácter inmediato se subsane el error cometido a inicios de curso con su hija, que no puede salir al recreo, primero porque no había cuidadoras suficientes y luego por decisión de la Dirección.
La intención de los padres de Carmen es que en el futuro ninguna otra familia de Melilla ni de ninguna otra parte de España vuelva a pasar por el calvario que ellos están viviendo en estos momentos. No quieren que ninguna otra familia se encuentre con que el colegio les da la espalda. "La directora del centro no ha querido atendernos desde que comenzó este problema", añaden.
Desde la Fampa ya criticaron hace unos meses a la dirección y al AMPA del Reyes Católicos. Como publicó El Faro en julio pasado, la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Melilla denunció supuestas irregularidades e interferencias de un miembro de la dirección en las reuniones del AMPA, formada, entre otros, por profesores del centro con niños que estudian en ese colegio.
La directora que en estos momentos no permite que Carmen salga al recreo ocupa las funciones de manera interina después de que la anterior en su cargo dimitiera por desavenencias con el resto de profesores, incluida la secretaria, que ahora la sustituye en el cargo.
La FAMPA sospecha que la actual Dirección del Reyes Católicos está manipulando al AMPA y en julio pasado señalaron al centro como escenario de un "golpe de Estado" ya que la secretaria acudía a las reuniones de padres y madres sin tener hijos en el colegio. Siendo esto, según la Fampa, una interferencia inadmisible.
Lo ocurrido con Carmen, la niña del Reyes Católicos que no puede salir al recreo, sería el segundo incidente mediático que en menos de un año protagoniza la actual Dirección del Reyes Católicos, cuya interinidad le ayudará a sumar puntos para hacerse con la plaza en un futuro.
Los padres de la niña han iniciado ya la recogida de firmas para reclamar que la inclusión es un derecho, no un privilegio y para defender el derecho de los menores con algún tipo de discapacidad a estudiar en igualdad. Piden, sobre todo, que se permita participar a los niños con capacidades especiales y abogan por la normalización de la educación de calidad.
Está claro que estamos ante un problema en el que los argumentos están esquinados. Por un lado está el centro, que cree que protege a la niña dejándola sin recreo. Por otro está la familia de Carmen que exige su derecho a la inclusión educativa. Son dos posturas irreconciliables, partiendo de que la directora ha optado por no recibir a unos padres que la han denunciado en los juzgados.
En el medio está Carmen que está obsesionada con volver a su vida normal. A un niño no se le puede enseñar a jugar y luego pedirle que lo olvide sin más.
Por eso en este caso, la justicia debe actuar cuanto antes y decidir qué es lo mejor para la niña y por supuesto para el centro. Pero eso no puede esperar porque el daño que esta situación está haciendo a la menor es irreversible.
Está claro que sobre el papel, la Lomloe es justa y necesaria, pero a pie de colegio son los docentes los que se enfrentan a la escasez de recursos. El Ministerio de Educación ha dicho que no faltan cuidadoras en el Reyes Católicos y que Carmen no sale al recreo por decisión del centro. Por tanto, la justicia debe fallar cuando antes qué es lo mejor para la niña: compartir con el resto de sus compañeros en el recreo o seguir encerrada en el aula durante la pausa.
En mi opinión estos temas deberían resolverse en el marco educativo sin necesidad de que sea un juez quien tenga la última palabra. Y por eso no entiendo que no haya intervenido a tiempo la Inspección Educativa.
En Melilla todavía nos queda mucho camino que recorrer en temas de inclusión, igualdad y derechos. Vamos muy por detrás de otras regiones en las que este tema de Carmen habría estado amparado por todas las asociaciones de niños y niñas con algún tipo de discapacidad. Esto no es un caso aislado de Carmen y de sus padres. Son muchas las familias de menores con capacidades especiales que pasan por situaciones similares; que se resignan y que terminan enviando a sus hijos a colegios que atienden a niños como ellos. Se dan por vencidos porque son los propios padres los que ven la inclusión como una quimera. Y lo seguirá siendo si no lo pelean. Si todos somos Carmen, entonces que se note. 
