Su abogado melillense considera al Gobierno central “coautor necesario” en las torturas que denunció esta semana la Plataforma además de “saltarse” lo dictado por la ONU.
El abogado defensor del ciudadano belga, nacido en Melilla, Alí Aarrás, extraditado a Marruecos el pasado mes de diciembre por su presunta vinculación a redes yihaidistas, anunció ayer que interpondrá una querella criminal contra “los que decidieron extraditar” a Aarrás, esto es, los Ministerios de Interior y Justicia al considerarles, como al Gobierno central, como “coautores necesarios” en las torturas que la Plataforma, instalada en la Plaza de España, denunció esta misma semana.
El letrado melillense Nayim Mohamed, se reunirá el próximo 17 de marzo en Málaga con sus colegas, también partícipes en la defensa de Aarrás, procedentes de Bélgica y Casablanca así como el presidente de la Asociación ProDerechos Humanos de Madrid para decidir y estudiar más acciones judiciales incluso contra el Gobierno belga al entender que “ha dejado a su suerte” a un nacional belga.
Mohamed confía en que el regreso de Aarrás a España puede ser una realidad en base a la Jurisprudencia internacional que sentó el caso de Ahanni en su causa contra Egipto y que fue extraditado por Suecia en 2006.
La querella criminal contra el Gobierno de España se basa, principalmente, en que éste “se saltó” la recomendación del Comité de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, quien el 26 de noviembre de 2010, solicitó el aplazamiento de la extradición hasta haber estudiado el caso. El Gobierno central, actuando “de mala fe”, tal y como señaló Mohamed, “reconoció que lo dictado por el Comité era vinculante” a pesar de las declaraciones del delegado del Gobierno en la ciudad, Gregorio Escobar, sosteniendo lo contrario.
Así, recalcó que el Comité de Derechos Humanos de la ONU “es el máximo órgano internacional” y que el incumplimiento de alguno de sus dictámentes incurre en un error “muy grave” que atenta, además, contra los artículos siete, nueve y diez del Tratado Internacional de Derechos Humanos al que España está adherido. “Se lo ha saltado a la torera aún teniendo todas las excusas y razones a su alcance para evitar la extradición”, aseguró el abogado.
Además de la querella criminal, la defensa de Aarrás ha solicitado al Comité de Derechos Humanos de la ONU “la devolución inmediata y que obligue a España a hacer las gestiones que sean necesarias para retornarlo así como se abonen daños y perjuicios, gastos a la familia por el daño moral causado y el coste de la defensa”. Premisas que también se requirieron en el caso citado de Ahanni.
Por otro lado, Mohamed también adelantó que se estudiará presentar una demanda civil para ante instancias europeas que puedan esclarecer los términos de la llamada extradición pasiva por si podrían incurrir en una situación anticonstitucional. El letrado explicó que si en España ningún ciudadano español puede ser extraditado a otro país, las mismas circunstancias deberían darse en el caso de un ciudadano europeo.
Situación de Aarras
El abogado melillense confirmó lo dicho por el portavoz de la Plataforma, Abderramán Benyahya, en cuanto a las torturas que Aarras habría sufrido durante cerca de quince días asegurando que era una circunstancia que se esperaban cuando supieron de la extradición.
Actualmente, el caso de Aarras en Marruecos se encuentra en fase de instrucción y por fuentes oficiosas han podido saber que en unas dependencias de la familia cercanas a la zona de Seganga “han desmantelado todo en busca de armas cuando la instrucción del juez Garzón dejó claro que Aarras no ha tenido nunca relación con ninguna actividad relacionada con las armas”.
En este sentido, aludió al principio de especialidad para explicar que las autoridades judiciales marroquíes estarían buscando motivos para procesar a Aarras “por motivos ajenos a las causas de la extradición”. Argumento más que sólido para retornar a Aarrás a España.
