Comisiones Obreras (CCOO) venía manifestando su honda preocupación por la irresponsabilidad que suponía la carrera demagógica por plantear bajadas generalizadas de impuestos. En ese marco conceptual, parecía que la única propuesta fiscal que tomaba cuerpo era la subasta a la baja de diversos impuestos, entre ellos los de patrimonio, que afectan a las rentas más altas.
Cabe recordar que España no tiene margen para disminuir la recaudación impositiva global. La trampa anti-impuestos que se venía planteando desde la derecha política y económica dificultaba el proceso de consolidación fiscal a medio y largo plazo de España, y agravaba riesgos en la futura evolución de la prima de riesgo en un país como el nuestro, cuya deuda pública supone en torno al 117% del PIB. En definitiva, un camino sin retorno que iría situando las bases de futuros recortes sociales, así como la privatización o el deterioro de servicios públicos. Se trataba de aprovechar la desesperación que provoca una inflación que merma los recursos reales de las familias, la clase trabajadora y la ciudadanía en general, para colar el deterioro de la estructura de ingresos de un país que recauda cada año entre seis y siete puntos menos de PIB que la media de los países de la eurozona.
Desde esta perspectiva, y ante el riesgo de contagio del populismo fiscal incluso a gobiernos autonómicos de carácter progresista ante la cercanía de sus citas electorales, el Gobierno tenía la obligación de actuar y hacer una propuesta que cambiara el marco de referencia de “la bajada de impuestos”, por otro marco distinto: “la necesidad de favorecer la renta disponible de las rentas medias y bajas, no puede ir en detrimento del volumen global de recaudación. Y ese juego no podía dejar a todos indemnes. La progresividad (que pague más el que más tiene) y la suficiencia (hacen falta los recursos necesarios para acometer las políticas públicas), exigían tomar medidas sobre las rentas altas, los rendimientos del capital y los excedentes empresariales.
Y el plan fiscal planteado por el Gobierno tiene algunas de esas virtudes, aunque también algunas insuficiencias y algunas incertidumbres. Estas medidas, como otras tomadas desde la escalada de precios relacionadas con las consecuencias de la invasión de Ucrania, no pueden ocultar la necesidad de reformas de nuestro sistema fiscal de carácter estructural y modernizador en el marco de una economía crecientemente digitalizada, que abunden en los citados principios de progresividad y suficiencia. Ni la emergencia de la situación, ni la coyuntural bonanza de la recaudación, deben hacer perder esa perspectiva.
Claros, oscuros, e incógnitas en el plan fiscal
Para el sindicato, la reforma tiene claros, oscuros, e incógnitas por resolver hasta que no se conozca el detalle. Entre los claros están el trasvase de contribución fiscal de las rentas medias (ampliación de deducción por rendimientos del trabajo) a las altas (aumento de la imposición de los rendimientos del capital por encima de 200.000 euros, impuesto temporal a las grandes fortunas que no tributen en patrimonio y rebaja de la deducción por pérdidas de los grupos consolidados), o que se recorte la imposición indirecta (IVA higiene menstrual y anticoncepción del 10% al 4%). Esto deviene en un sistema tributario más progresivo, lo cual es positivo.
Entre los oscuros está que la rebaja de impuestos a asalariados, autónomos (rebaja de dos puntos en la reducción de rendimientos netos de la estimación directa simplificada y de cinco puntos en la reducción de módulos, así como la prórroga de límites para la aplicación de módulos) y pymes (rebaja del 25% al 23% del IS a las empresas con una cifra de negocio inferior al millón de euros) se lleva a cabo en un país con una muy baja contribución fiscal, seis puntos del PIB por debajo de la media de la Eurozona. La reforma no contribuye a cerrar esta importante brecha en 2023, ni tampoco más allá de 2024, si no se mantiene el impuesto solidario sobre las grandes fortunas que tiene una naturaleza temporal y sobre el que existen dudas de que no invada competencias exclusivas de las Comunidades Autónomas. Tampoco ayuda a crear cultura fiscal. Será difícil volver a elevar estas deducciones, aunque su finalidad fuera atender una situación extraordinaria generada por la alta inflación. Sería por tanto deseable que algunas de estas figuras impositivas como el llamado “impuesto solidario” se mantuvieran de forma permanente y que se le busque, en su caso, el encaje jurídico correcto.
Tal vez la reforma no tendrá un efecto neutral en las cuentas de 2023, pues las rebajas son más automáticas que las mejoras de ingresos, pero posiblemente esto sí ocurra en un marco bianual, aunque habrá que esperar a conocer el detalle para tener una evaluación precisa. En cualquier caso, la neutralidad fiscal de la reforma no avanza en la mejora de la suficiencia estructural de un sector público con un abultado déficit (83.000 millones) y deuda (117% del PIB). En un contexto, además, adverso de subida de tipos y de posible aumento del gasto público ante la fuerte desaceleración de la actividad económica prevista.
La deducción por rendimientos del trabajo se amplía de 16.825 euros a 19.750 euros. Constituye la rebaja más voluminosa de la recaudación. Beneficiará entorno a 4,6 millones de asalariados y supondrá una rebaja media en 2023 de en torno a 350 euros. Como resultado de la ampliación de la deducción, aquellos con un sueldo inferior a 15.000 euros dejarán de pagar IRPF, cuando con el anterior límite no lo pagaban quienes ganaba menos de 14.000€. Esto último parece razonable para evitar la tributación del salario mínimo, aunque podría haberse articulado de una forma menos gravosa para el erario público.
Los afectados por la subida de la imposición de los rendimientos del capital solo afecta a aquellos con rendimiento superiores a 200.000 euros, a 17.814 contribuyentes y aportara 204 millones de euros. Si esta medida hubiera incluido a aquellos con rendimiento superiores a 60.000 euros hubiera afectado al doble de contribuyentes y comprendido el 76% de la base imponible por este tipo de rendimientos.
Las medidas más importantes de mejora de los ingresos son la rebaja de la consolidación de pérdidas en el impuesto de sociedades y el impuesto extraordinario sobre grandes fortunas para patrimonio netos superiores a tres millones de euros y del que es deducible el impuesto sobre el patrimonio. Cuando estén completamente desplegadas podrían reportar en torno a 3.600 millones de euros, aunque el impuesto sobre grades fortunas plantea dudas sobre su aplicabilidad.
